Málaga reniega del acuerdo sobre chiringuitos que firmó con Costas

El sector de los chiringuitos sigue a la espera de que se produzca el traspaso de competencias a la Junta, anunciado para el primer trimestre del año, y al que se condiciona la resolución definitiva de las condiciones de implantación, ubicación y medidas de los establecimientos y su compatibilidad con la Ley de Costas. La prolongada provisionalidad permite una cierta situación de ambigüedad porque sigue sin cerrarse el debate sobre la compatibilidad entre el interés de un sector de importancia económica y el cumplimiento de la ley.

Y surgen episodios algo singulares como el rechazo del Ayuntamiento de Málaga a cumplir lo estipulado en el acuerdo de concesiones firmado con la dirección general de Costas en 2004 para el paseo marítimo de poniente por las expectativas de que puedan cambiarse las condiciones, y por no perjudicar a los intereses económicos de los chiringuiteros, aunque incumplan la adjudicación.

La implantación de chiringuitos se hace por concesiones que el Ministerio de Medio Ambiente de de Medio Rural y Marino otorga a los ayuntamientos previa solicitud de éstos. El correspondiente convenio contiene las condiciones de las concesiones, que habitualmente los ayuntamientos sacan después a concurso para adjudicarlas a empresarios que las explotan a cambio de un canon.

La Demarcación de Costas de Málaga detectó recientemente que algunos de los chiringuitos emplazados en el nuevo paseo marítimo de poniente de Málaga incumplían las condiciones de la autorización por ocupar más espacio del estipulado. Se trata de establecimientos construidos ya según las directrices de la Ley de Costas y de su reglamento, con acceso desde el paseo marítimo y pegados a éste, y con los materiales y características requeridos. Es decir, que no se trata de los que están pendiente de regularización.

El pasado 10 de junio, la Demarcación de Costas emplazó al Ayuntamiento, como titular de la concesión, a que conminara al empresario que explota uno de estos chiringuitos a corregir los incumplimientos detectados por segundo año consecutivo, uso de la terraza superior y la inferior más extensa de lo autorizado con invasión de la arena de la playa.

En la comunicación, Costas advertía al Ayuntamiento de Málaga de que en caso de no producirse la corrección de las anomalías, se abriría un expediente sancionador que podría acarrear la declaración de caducidad de la concesión.

El Ayuntamiento de Málaga comunicó a los titulares de los chiringuitos el apercibimiento de Costas, pero lo hizo poco menos que por imperativo legal y sin convicción. Antes al contrario, aireó el asunto como un pretendido nuevo intento del ministerio de dañar los intereses de los chiringuitos y en la comunicación con la que contestó a Costas hizo constar su desacuerdo con la medida requerida.

"El Ayuntamiento de Málaga quiere dejar constancia de su desacuerdo con las medidas que a instancia de esta Demarcación ha de comunicar a los empresarios de playas afectados, toda vez que éstas no se corresponden con las expectativas anunciadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en el sentido de que los espacios de los establecimientos anexionados como terrazas se incluiría en un acuerdo global excluyéndose la obligatoriedad de su desmontaje".

Además, la concejal de Sostenibilidad y Servicios, Teresa Porras, expone su rechazo a la "inoportunidad" de la ejecución de la medida requerida por Costas "en plena temporada alta de turismo, lo que, a buen seguro, producirá pérdidas económicas inesperadas a los empresarios afectados". Y apostilla: "No parece coherente que tras años de permisividad y tolerancia se elija el momento de mayor crisis económica y menos favorable para la recuperación del sector".

De momento, y hasta que se resuelve el traspaso de competencias, el ministerio anunció que los chiringuitos permanecerán este año como están; pero los empresarios se quejan de que se les sigue "acosando" e imponiendo sanciones y que no hay unidad de criterio entre las distintas demarcaciones provinciales, algo que consideran sólo se solucionará cuando la Junta asuma las competencias.

En los próximos días, Junta y Gobierno tienen prevista una reunión para tratar de cerrar el acuerdo de traspaso.