La ejecución de la sentencia, clave

Cuando Alfonso Alonso advirtió enérgico el miércoles de que el PP pediría la ejecución inmediata de la sentencia de la Audiencia de Álava, el mundo se vino encima del prestigioso equipo jurídico de Gregorio Rojo. Jamás llegaron a pensar que los populares irían tan rápido a por el jaque mate de esta larga partida. Con el paso de las horas, hay quien sostiene que "no asesoraron debidamente al cliente". Y eso que antes de que saliera la sentencia, el PP avisó al PSE-EE de que pedirían su ejecución.

Este error táctico explica que hasta entonces sus abogados animaran a Rojo con la firme posibilidad de llegar hasta el Supremo mediante un recurso de casación, que se presentaría de inmediato contra la sentencia de la Audiencia. Incluso, para avivar las expectativas hasta exhibían la jurisprudencia que existe sobre casos similares y que jugaba a favor del entonces presidente de Vital.

Los populares ya avisaron al PSE de su plan antes de recibir la sentencia

En algunos medios jurídicos de Vitoria no se entiende que la defensa de Rojo minimizara la baza que le asistía al PP exigiendo la aplicación del fallo judicial. "Claro que podían (Vital) ir al Supremo, pero en el momento en que se pidiera la aplicación de la sentencia, Rojo tenía que marcharse y esperar a que se resolviera el recurso, pero ya fuera de la Caja", señaló ayer un abogado a este diario. Incluso, el recorrido legal del recurso obligaba a pasar previamente por la Audiencia y es en este escenario donde Rojo evidenciaba sus temores de que el ponente rechazara el recurso y le propinara otro golpe descalificador. Sin embargo, hay quien minimiza este impacto. "Lo podían pedir con un recurso extraordinario de casación, pero una vez que el PP pidiera la ejecución de la sentencia, la posición de Rojo hubiera sido muy difícil de sostener en público".

Con todo, la Vital no se sacude de su inmersión judicial. De hecho, ahora queda por dilucidar la afectación de la sentencia dictada por la Audiencia. El PP y la caja alavesa mantienen posturas divergentes, otra vez, sobre el alcance de este fallo judicial. Para los populares, queda "claro" que la lista de Rojo "ha sido declarada nula" y que la suya (Vital Si) fue votada en la asamblea de marzo de 2008 y "por eso", dicen, "nos corresponde que entren nuestros tres candidatos". Incluso, van más lejos al asegurar que quienes sustituyeron a De Miguel y Bruno Otxoa -el ex consejero Javier Balza, uno de ellos- deberían abandonar.

Desde la propia entidad, la visión es mucho menos "ambiciosa". Su servicio jurídico entiende que el fallo "sólo" repercute en la figura de Rojo, que debe ser sustituido. De cara a acortar el actual período de provisionalidad, la próxima semana las dos partes implicadas evacuarán consultas ante la Audiencia.