Una década perdida

En diciembre de 1999 fue aprobada la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía. En dicha ley el legislador tomaba nota de los cambios que se estaban produciendo en el entorno en que iban a tener que moverse las entidades de crédito e intentaba fijar un marco en el que les fuera posible a las cajas de ahorros andaluzas enfrentarse a esos cambios.

El legislador dejaba muy claro en la exposición de motivos de la ley en qué dirección había que moverse. En el apartado uno de la misma decía lo siguiente: "El proceso de transformación del sistema financiero español y la integración de los mercados a que ha conducido la normativa comunitaria, que va a recibir un nuevo y definitivo impulso como consecuencia de la puesta en marcha de la unión monetaria europea, determinan una modificación del marco de actuación de las entidades de crédito". Y en el tres añadía: "Aun cuando las cajas andaluzas vienen colaborando en el seno de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía, existen sólidas razones que avalan la intensificación de dicha cooperación", mencionando entre ellas "la necesidad de disponer de una capacidad de actuación de una dimensión dada ante proyectos determinados. La perspectiva casi inmediata de la formación de un gran espacio europeo asentado en la realización de la unión monetaria europea y las exigencias derivadas del mismo no hacen sino reforzar la conveniencia de las estrategias de cooperación".

Casi al mismo tiempo que se aprobaba esta ley, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, puso en circulación por primera vez la idea de que sería conveniente proceder a fusiones para construir una gran caja de ahorros en Andalucía. No creo que sea necesario recordarle a los lectores las reacciones con que fue recibida dicha idea y cómo, sobre todo, se demonizó a la entonces consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, como responsable de la misma. Pero sí es conveniente subrayar que no son los políticos los que siempre llegan tarde, sino que a veces sucede lo contrario. Son ellos los que se anticipan y hacen propuestas que, de ser atendidas, nos podrían haber situado en una posición mucho mejor de la que estamos.

Buena parte de los sobresaltos que se han vivido en el mundo financiero andaluz nos los hubiéramos podido ahorrar si la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía se hubiera aplicado de acuerdo con el espíritu con que la norma fue aprobada. No solamente se hubiera podido evitar que Cajasur acabara siendo intervenida por el Banco de España y que tengamos que estar montando en este momento una operación de rescate para que siga siendo una caja andaluza, sino que, además, alguna operación como la absorción de la caja de ahorros de Castilla-La Mancha, que se intentó en solitario por Unicaja, se habría podido realizar con bastante probabilidad, consiguiendo el sector financiero andaluz aumentar su tamaño y ganar peso en el conjunto de España. Sin dejar de lado el hecho de que, en un entorno de esta naturaleza, posiblemente CajaGranada no hubiera contemplado la posibilidad de buscar una salida fuera de Andalucía.

Hemos perdido una década. Esto ya no tiene remedio. No lo digo para buscar responsables, porque eso tampoco sirve para nada. Pero sí me ha parecido oportuno subrayarlo, para reivindicar, por un lado, el lugar de la política en una sociedad democrática y, sobre todo, para que aprendamos la lección y no volvamos a seguir cometiendo errores y perdiendo tiempo. Esto es tanto más necesario porque las condiciones en que ahora nos encontramos son peores que en las que estábamos cuando la Ley de Cajas se aprobó.