Alonso exige destituir a Rojo en Vital y el PSE apoya recurrir al Supremo

Como era previsible, PSE y PP evidenciaron ayer el mundo que les separa en Álava al enjuiciar bajo dos prismas antagónicos el fallo de la Audiencia de Álava sobre la continuidad de Gregorio Rojo como presidente de Caja Vital. Mientras los populares exigen al Consejo de Administración de esta entidad que proceda a la destitución de Rojo en base a la sentencia, los socialistas creen que el fallo judicial abre el camino para recurrir ante el Tribunal Supremo. En este contexto, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, se posicionó ayer, en Madrid, a favor de la fusión de las cajas vascas "con la de otras comunidades" para hacerse más fuertes, subrayó.

El presidente del PP en Álava, Alfonso Alonso, apeló ayer a "la sensatez" de PNV y PSE, partidos que controlan la Vital para que se proceda a la destitución de Rojo, convertido en su auténtica bestia negra, al igual que Txarli Prieto. "Si no acatan la sentencia, pediremos su ejecución, aunque se recurra al Tribunal Supremo", advirtió. Por su parte, el PSE de Álava recordó, horas después de la declaración de los populares, que la vía judicial tras la sentencia sobre la continuidad en su cargo del presidente de Caja Vital, Gregorio Rojo, sigue abierta y que es "irrenunciable" la defensa en los tribunales.

"No queremos que la Ertzaintza tenga que sacar a Rojo de su despacho" (PP)

"Es irrenunciable la defensa a la que Rojo tiene derecho en los tribunales" (PSE)

El caso se remonta a marzo de 2008, cuando salió adelante la candidatura de PSE y PNV, encabezada por Rojo, junto con los jeltzales Alfredo de Miguel (sustituido por Ana Agirre tras su implicación en un presunto caso de corrupción) y Bruno Ochoa. Perdió la plancha del PP, en la que se integraban Juan Ignacio Zárate, Javier Maroto y Ainhoa Domaica. Entonces, el Consejo de Administración quedó conformada por una mayoría del PNV con 8 representantes, 7 del PSE y 1 de ELA.

Por esa razón, los responsables del PP entienden que la asunción de la sentencia tampoco afecta al actual reparto de fuerzas. "Apelamos a la responsabilidad del Consejo de Administración, no queremos que la Ertzaintza tenga que sacar a Gregorio Rojo de su despacho", comentó Alonso. El secretario general del PP, Javier de Andrés, recordó, a su vez, que el periodo máximo para ocupar un cargo en la dirección de la entidad de ahorro es de 12 años. "Y Rojo lleva 18, y eso él mismo lo sabe. Intentar demorar la ejecución de la sentencia sólo sirve para generar más inestabilidad e inseguridad sobre el futuro de Caja Vital y la economía de Alava", apostilló.

Por su parte, los socialistas alaveses consideran que la sentencia de la Audiencia suaviza la previa del Juzgado, con lo que se permite mantener abierta "la vía judicial en defensa de los intereses de Caja Vital". Asimismo, criticaron las declaraciones alarmistas del PP sobre la situación de la caja de ahorros, que tacharon de falaces, cuando la "realidad de su fundamento, la actividad de sus empleados, la atención a los clientes y los resultados financieros, económicos y sociales muestran todo lo contrario". A la petición de salida de Rojo de Vital se unió ayer el coordinador de Ezker Batua de Álava, José Miguel Fernández, "independientemente de que recurra".

Mientras, Basagoiti, ayer en Madrid, abogó por fusionar las cajas vascas con las de otras comunidades autónomas y profesionalizar sus órganos de gestión. "La sociedad vasca es seria, trabajadora y fiable, y ha sufrido mucho por la falta de libertad y la escasez de racionalidad, pero eso se está acabando. La fusión de cajas vascas con las de otras comunidades puede ser positiva para todos, no hay que tenerle miedo", dijo en una jornada organizada por el Instituto de Fomento Empresarial en Madrid. Indicó, además, que las cajas vascas tienen unos balances y una cartera de créditos poco homogénea, con una mayor vocación industrial en la BBK, una predilección por la banca minorista y más tradicional en la Vital y "alguna mayor aventura de la promoción inmobiliaria" en Kutxa.