Las claves de la "trama agraria"

El 29 de mayo pasado, el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, avanzó una información que haría "temblar los cimientos del PSOE". Tras meses de investigación, llegó a la conclusión de que los socialistas habían tejido una red de financiación ilegal a través del sindicato Unións Agrarias (UU AA) y "asociaciones fantasma" creadas al efecto durante el bipartito. La Consellería de Traballo -que ocupaba el socialista Ricardo Varela- habría transferido subvenciones a estas asociaciones puente, un dinero que según Miranda sufragó gastos de campaña del PSOE. El nexo de la "trama agraria" sería Pablo García, que fue secretario de Organización de UU AA antes de pasar a desempeñar el año pasado el mismo puesto en el PSOE. Tras acumular querellas y citaciones en los Tribunales, el PP anunció por fin el viernes 18 que llevaría el asunto a la Justicia, algo que todavía no ha hecho. Los populares siguen sin ofrecer pruebas. EL PAÍS analiza las claves de esta supuesta trama.

- "Asociaciones fantasma". El PP sospecha de 30 asociaciones rurales porque entre sus fundadores hay militantes o familiares de cargos del PSOE. La coletilla "fantasma" la añade el PP basándose en que estas sociedades no tienen sede propia, y cuando pidieron las subvenciones consignaron en la casilla correspondiente la oficina regional de UU AA. Para el sindicato, estas sociedades se dedican a trabajar en el campo y en muchos casos no tienen oficina, y UU AA gestiona sus ayudas como si de una gestoría se tratase, a través de un convenio que acarrea una cuota.

- Las subvenciones. 15.000 empleados de 400 asociaciones han sido contratadas desde 2000 a través de estas ayudas, que en parte vienen de fondos europeos. El PP se centra en 30, y sólo durante la etapa del bipartito. Doce siguen cobrando en 2010, ya con Feijóo en la Xunta. Al día siguiente de que se conociese este dato, funcionarios de la Consellería de Traballo registraron sus oficinas, en algunos casos sin identificarse claramente. El sindicato ha denunciado a la Xunta por prevaricación.

- Cuentas correlativas. El mayor indicio de delito que ve el PP en la gestión de las ayudas es que las solicitudes de subvenciones se tramitaron en bloque, con números correlativos, y que, una vez recibidas, las asociaciones abrieron cuentas consecutivas en el mismo banco de UU AA. La explicación del sindicato abunda en la tesis de que facilita el papeleo a estas asociaciones. Las cuentas se abren en la misma entidad para evitar gastos de transferencia.

- La "conexión García". Desde el primer día, el PP insiste en vincular "la trama agraria" con el caso de Mabel Blanco, contratada por Viticultores do Castro en 2006 y que acabó haciendo campaña durante un mes por el PSOE de Muxía en Buenos Aires, según ella por encargo del entonces candidato socialista Félix Porto, que también era dirigente del sindicato. Porto está imputado por aquellos hechos que investiga el juzgado de Corcubión. Según el PP, Pablo García no sólo estaba al corriente, sino que replicó el procedimiento en 30 asociaciones más. El indicio claro, según Miranda, se encuentra en la declaración ante el juez del presidente de Viticultores do Castro, Darío Rodríguez. Este dijo haber acordado con García que la trabajadora trabajaría desde la sede de UU AA. Rodríguez también señaló que había militado en el PP y Centristas de Galicia. García nunca fue llamado a declarar en la causa.

- La investigación del PP. "Hay mucha documentación, necesitamos tiempo para analizarla", se justificó Miranda para no concretar los cargos que imputa a la "trama". Como diputado, solicitó a la Xunta en septiembre pasado la información sobre subvenciones. La respuesta llegó en noviembre: la documentación era muy numerosa, y si quería verla debería acercase a la consellería. Seis meses después, justo el mismo día en que el ex edil del PP en Gondomar José Luis Mosquera confesó al juez haber cobrado 60.000 euros y pactado otros 900.000 para financiar la campaña del partido y un grupo de independientes en las municipales de 2007, Miranda salió a la palestra. Aludió a 645.000 euros que "los socialistas habrían sacado por la puerta de atrás de la Xunta para financiar campañas". La semana siguiente convocó a los medios a las puertas de la Consellería de Traballo; había estado buscando expedientes de 2007 y 2008 y había comprobado que las "ayudas irregulares" se siguieron dando esos años, hasta llegar a dos millones.

- Las pesquisas de la Xunta. El día que Miranda buscaba papeles en Traballo, personal de la Consellería entró en las asociaciones a las que la Xunta actual les renovó las subvenciones en 2010. Feijóo negó que partido y gobierno hubiesen sincronizado la maniobra y justificó el proceder de Traballo: "El PSOE se pregunta por qué las asociaciones siguen recibiendo ayudas y por eso se inspeccionaron". Lo que en principio fueron visitas técnicas se convirtió en una investigación en toda regla. Funcionarios de la Consellería de Presidencia que dirige Alfonso Rueda, a la vez secretario general del PP, empezaron a tomar declaración a ganaderos y agricultores. La Xunta admite que es la primera vez que Presidencia fiscaliza ayudas de otras consellerías.

- Las explicaciones de UU AA. En la última rueda de prensa de UU AA, su secretario de administración, Javier López, detalló las labores de gestoría que realizaba con estas asociaciones. Según su explicación, UU AA adelanta las nóminas de los trabajadores porque Traballo tarda dos meses en realizar los pagos. Después la Consellería abona el dinero a las asociaciones, que a su vez ingresan en una cuenta del sindicato. UU AA paga después las nóminas mes a mes, descontando las cuotas de la Seguridad Social y Hacienda. A final de año, lo que no se gastaba se devolvía a Traballo.

El PP dio la vuelta a esta argumentación. La cuenta central de UU AA con el dinero de las ayudas podía haber generado intereses. Miranda anunció entonces la querella contra Ricardo Varela y Pablo García. Pero tampoco entonces concretó cuáles eran los cargos, sino que ofreció un posible abanico de posibles infracciones: malversación, fraude en subvenciones, fraude, financiación ilegal o cesión ilegal de trabajadores. La querella aún no se ha presentado y mientras los funcionarios de la Consellería de Presidencia siguen investigando a Unións Agrarias por orden de Rueda.