López saca adelante su plan de ajuste con la única oposición de siete votos

El apoyo del PP, su socio preferente, y la abstención peneuvista permitieron ayer al Gobierno sacar adelante cómodamente la ley de modificación de los Presupuestos que recorta los salarios de los empleados públicos. El proyecto de ley registró solo siete votos en contra de los 75 parlamentarios: los cuatro de Aralar y los tres del Grupo Mixto, que justificaron la huelga general del día 29 (Aralar y EB), previeron problemas legales (EA) o argumentaron su oposición en las mismas razones que al decreto de Zapatero (UPyD).

Frente a esa exigua oposición, el proyecto de ley concitó los síes del PSE y del PP y la abstención del PNV, que además empezó ayer a trasladar los recortes a algunas instituciones que gobierna, como la Diputación de Guipúzcoa, que sigue el camino abierto por Vizcaya, o los ayuntamientos de Bilbao y Getxo. El comportamiento de estos dos últimos grupos dejó patente la singularidad política vasca: ambos coincidieron hace apenas un mes en su rechazo al decreto de Zapatero cuando pasó por el Congreso, salvado el 20 de mayo pasado por un único voto gracias a CiU.

Aguirre: "Es el momento de tomar decisiones, aunque no sean populares"

Un mes después, el Parlamento vasco dio ayer el visto bueno, en mejores condiciones para el Ejecutivo de Patxi López, a la ley que modifica los Presupuestos de este año para adaptar a Euskadi los recortes salariales planteados por el Ejecutivo central. Como ya estaba anunciado, los descuentos se aplicarán en la nómina de julio. La merma resultará doble ese mes, ya que incluirá la que hubiese debido practicarse ya en junio por el efecto retroactivo de la ley. La fórmula por la que ha optado el Ejecutivo supondrá que la mayor pérdida la experimenten los trabajadores del sector público vasco en la paga extra de Navidad. También verán reducida a la mitad la aportación gubernamental a sus planes de pensiones.

Al aplicarse los recortes exclusivamente al salario base y al plus de antigüedad, pero no al resto de complementos, el impacto resultará menor en el País Vasco que en otras comunidades, salvo en el caso de los profesores de la UPV, a los que se aplica el decreto del Gobierno central. Para el resto, la rebaja oscilará, en términos anuales, del 0,56% del nivel más bajo al 5% de los funcionarios que más ganan. En el caso de los altos cargos, los directores partirán de ese mismo 5%; los viceconsejeros perderán un 6% en sus nóminas y los consejeros un 7%. El lehendakari, quien gana 105.425 euros brutos al año, se reducirá el sueldo un 8%. La Cámara aplicará bajadas similares, de entre el 5% de los parlamentarios rasos a casi el 8% a su presidenta, Arantza Quiroga. La reducción se aplicará también a quienes cobran salarios procedentes de subvenciones oficiales y al profesorado de los colegios concertados. El ahorro, cifrado en 100 millones de euros, permitirá al Gobierno no agotar su límite de endeudamiento.

La defensa de las medidas que realizó el consejero de Economía, Carlos Aguirre, abundó en los argumentos ya expuestos por López. Como él, puso la necesidad de las medidas por encima de su impopularidad, pues "forman parte de una estrategia europea conjunta y coordinada" que obliga a todos. "Es el momento de tomar decisiones, aunque no sean muy populares, porque nos jugamos mucho: ni más ni menos que el modelo social que hemos heredado de nuestros mayores y deberíamos entregar mejorado a futuras generaciones", argumentó. Aguirre admitió los efectos "constrictivos" que tendrá este ajuste sobre el incipiente crecimiento y rebajó las previsiones de crecimiento para los próximos años. Pese a tal perjuicio, resulta "imprescindible acometer las medidas", recalcó.

El PP se agarró a ese reconocimiento para atacar con dureza el origen del ajuste (el decreto de Zapatero), que tachó de "locura absoluta" pues "ni ayuda a salir de la crisis ni a crear empleo", en palabras de su portavoz en el debate, Antón Damborenea. Las medidas son "malas", reconoció, y el PP las ha negociado en Euskadi para "minimizar daños", lo que se habría conseguido al garantizar las inversiones y reducir el gasto corriente y las subvenciones.

La peneuvista Ane Urkiola criticó la ley, después de haberse abstenido en la votación, con idénticos argumentos a los usados por su portavoz, Joseba Egibar, el día en que el lehendakari explicó las medidas en la Cámara. "Al Gobierno le falta credibilidad porque no cumple lo que predica", sostuvo. El gasto corriente ha crecido hasta mayo en 82 millones, ilustró.

[El parlamentario de EA Jesús Mari Larrazabal retiró a última hora una iniciativa que iba a debatir el pleno en que proponía aumentar la presión fiscal a las rentas más altas al pactar PSE y PNV una enmienda que la rebajaba].