Un plan de igualdad lingüística

A los 26 años de la aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, las políticas lingüísticas de las universidades públicas, que son una pieza clave en el proceso de normalización, muestran signos de agotamiento y un balance irregular. Los grandes datos son conocidos: menos de un 2% de los estudiantes cursan la carrera íntegramente en valenciano, mientras que el 53% lo hace exclusivamente en castellano. El 34,8% de los alumnos recibe la mitad o más de las clases en la lengua propia en la Universitat de València, y el 32,6% en la Jaume I de Castellón que son, con mucha diferencia, los centros que registran un porcentaje más elevado.

La información pertenece al informe Usos lingüístics a les universitats públiques valencianes, elaborado por las universidades y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La fotografía más completa sobre la situación de la lengua en los centros académicos, que tiene el valor añadido de plantear una hoja de ruta para alcanzar el equilibrio.

Para alcanzar la igualdad habría que establecer el requisito lingüístico La distribución de la lengua de las asignaturas debería ser aleatoria

La docencia en la lengua autóctona descansa en una apuesta personal

El actual modelo es muy heterogéneo. Está condicionado por el entorno territorial (y lingüístico) en el que se mueve cada universidad, y por las políticas que han aplicado sus dirigentes. También por las políticas (o su ausencia) desarrolladas en el conjunto de la comunidad autónoma por la Generalitat y el resto de Administraciones.

El informe, dirigido por los investigadores Artur Aparici y Rafael Castelló, se centra en los dos casos que han demostrado más éxito: la Universitat de València, que optó por un sistema de línea en valenciano; y la Jaume I, que se inclinó por dar libertad a la voluntad del profesor. Aunque la primera ha dado unos resultados un poco mejores (en parte porque los profesores de la línea sienten que cuentan con alguna cobertura institucional), en su plasmación práctica, sin embargo, "ambas políticas acaban descansando de hecho sobre la iniciativa del profesorado", afirma el estudio.

El resultado: "Ni el alumnado valencianohablante tiene garantizado su derecho a recibir docencia en valenciano, ni el profesorado dispuesto a impartirla goza de las condiciones necesarias para hacerlo con normalidad y con un nivel de esfuerzo equivalente al de quien la imparte en castellano". Las encuestas (5.000 entre los tres estamentos universitarios) indican que la existencia de clases en catalán se debe, principalmente, a las "convicciones" de los profesores que las dan, "en un contexto de débil reivindicación de su derecho lingüístico por parte del alumnado valencianohablante".

Se trata, concluye el informe, de una política "de base tan débil o tan resistente como lo pueda ser la voluntad y la adhesión identitaria de este colectivo de PDI (Personal Docente e Investigador) que soporta el peso de la normalización docente del valenciano. En cualquier caso, es difícilmente extensible a una cantidad significativa y numerosa de PDI".

Los autores consideran que a la vía emprendida en los años ochenta le queda muy poco recorrido y proponen por ello un cambio de perspectiva, que supone reformular la política lingüística normalizadora del valenciano ("en tanto que lengua actualmente minorizada") en términos de política de igualdad.

El informe recoge una cita del profesor de Psicología de la Universitat de València Ferran Suay para dar a entender los problemas de otros caminos hacia la normalización: "La ignorancia, real o fingida es (paradójicamente) el argumento más potente a favor del uso constante del castellano. Y solo los hablantes de la lengua castellana pueden ignorar el idioma de los valencianos, y no viceversa. 'Es que el castellano, ellos ya lo saben. No les cuesta nada hablarlo, y en cambio yo tendría que aprender el valenciano".

¿Qué significaría un plan de igualdad de las dos lenguas? Marcar como objetivo que dentro de 25 años se haya alcanzado una universidad bilingüe, responden los autores. Una universidad donde el 50% de la docencia se dé en valenciano, "distribuida armoniosa y equitativamente por todas las áreas de conocimiento de todas las titulaciones y posgrados, tanto en las asignaturas obligatorias como en las optativas".

No se trata, prosiguen, de duplicar la docencia ni de hacer dos líneas puras. Una posibilidad siempre difícil y más en época de crisis. Sino de lo contrario: "Una distribución docente en la que el valenciano esté aleatoriamente distribuido en la mitad de las asignaturas que el alumnado habría de cursar sin reparar en qué lengua se imparte". Una ventaja de esa política consistiría en que todos los estudiantes acabarían la carrera con un dominio importante de las dos lenguas.

Para lograr que la mitad de las clases se desarrollen en catalán en 2035 sería necesario mantener el perfil de las que ya existen, y catalogar en valenciano más del 75% de las nuevas plazas de profesores durante los próximos años. Implantar el requisito lingüístico. Un paso que despierta recelos en algunos sectores, pero que Artur Aparici recuerda que ya funciona en el Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Jaume I de Castellón, lo que ha supuesto una mejora notable en su nivel de competencia lingüística.

El porcentaje del 75% durante los primeros años está calculado para el conjunto de las universidades públicas. En la práctica, los centros donde la situación es menos asimétrica necesitarían pisar menos el acelerador.

Para poner en marcha los planes de igualdad sería imprescindible contar con el apoyo de los servicios lingüísticos que ya existen en las universidades, reforzados con recursos humanos y materiales. Ellos serían los encargados de atender las dificultades que inicialmente presenten, por ejemplo, los estudiantes llegados de otros lugares.

El informe advierte de que el resultado de los planes de igualdad está condicionado por la evolución sociolingüística general. Y que para asegurar su éxito deberían ir acompañados de un plan similar para todo el territorio o, al menos, para las Administraciones públicas valencianas.