Recuperar el prestigio

En algún momento en un futuro muy próximo habrá que plantearse cómo recuperar el mínimo prestigio que el Tribunal Constitucional precisa para cumplir la función que tiene encomendada. El desgaste que la institución está teniendo como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía para Cataluña es enorme. Y todavía queda el momento más difícil, que es el de dictar sentencia.

Hasta que no se dicte sentencia sobre la reforma estatutaria catalana no hay prácticamente nada que hacer. De ahí que sería oportuno o bien que el tribunal con su actual composición dicte sentencia de manera inmediata o bien que, en el caso de que no sea capaz de hacerlo, se proceda a la renovación sin demora de los magistrados cuyo mandato está prorrogado. A partir de ese momento es cuando se podrá y se deberá hacer lo posible por recuperar un Tribunal Constitucional adecuado a lo que la Constitución dice que es.

En esa tarea de recuperación del prestigio del Tribunal Constitucional tienen que participar todos los órganos constitucionales, ya que la designación de los magistrados depende del Congreso de los Diputados, del Senado que decide con base en las propuestas de los parlamentos de las comunidades autónomas, del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. De cómo lleven a cabo esa tarea de selección de lo magistrados todos estos órganos constitucionales depende en buena medida la que podríamos denominar legitimidad de origen del Tribunal Constitucional.

Obviamente la legitimidad de origen tiene que ser completada después con la legitimidad de ejercicio que los magistrados elegidos tienen que acreditar con su trayectoria en el desempeño de su función. Los magistrados tienen que acreditar que son realmente independientes en el ejercicio de la jurisdicción constitucional.

Por suerte es al Senado a quien corresponde designar a los próximos cuatro magistrados cuyos mandatos llevan ya casi tres años prorrogados y, en consecuencia, existe una muy buena posibilidad de que, a través de los Parlamentos de las comunidades autónomas, se le hagan llegar propuestas de candidatos lo suficientemente variadas como para que se pueda proceder a la elección de una manera razonablemente satisfactoria.

En este sentido, creo que debe ser valorada muy positivamente la decisión del Parlamento de Andalucía de designar como candidato al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo. Hubiera sido deseable que la propuesta hubiera sido aprobada por unanimidad, aunque el hecho de que no hubiera ningún voto en contra puede ser interpretado en cierta medida como una unanimidad fáctica. Es una señal clara de la idoneidad no sólo en abstracto sino en concreto del candidato para ser juez constitucional.

De esta manera, hay que proceder, a fin de que el Tribunal Constitucional vaya recuperando el tono vital exigible para que sea lo que debe ser. El PP debería hacer un esfuerzo para proponer candidatos que tuvieran la posibilidad de tener una acogida similar a la que ha tenido la propuesta por el PSOE de Augusto Méndez de Lugo. No me entra en la cabeza que el PP no disponga de una veintena de candidatos entre los que seleccionar su propuesta. Un primer paso como este es el que la recuperación del prestigio del Tribunal Constitucional exige.