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EL ÚLTIMO RECURSO

Un instrumento de presión intolerable

Asociaciones de jueces se quejan del aumento de expedientes disciplinarios

¿No les parece gracioso que algunos jueces critiquen al Consejo General del Poder Judicial por trabajar!

Pues aunque pueda resultar paradójico, dos asociaciones judiciales, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que entre las dos agrupan a unos 900 de los casi 5.000 jueces que hay en España, se han dirigido al presidente del Consejo, Carlos Dívar, para mostrarle su "honda preocupación" por el incesante y desmesurado incremento de los expedientes disciplinarios contra jueces. Vamos, que no les gusta que el Consejo cumpla con una de sus funciones, la de controlar si los magistrados cumplen con el trabajo que tienen encomendado.

Alegan que durante 2009 se incoaron 64 expedientes, frente a los 40 de 2008, los 29 de 2007 y los 41 de 2006. Eso supone un incremento superior al 80%, lo que coloca a los jueces como el cuerpo con las tasas disciplinarias más altas de la Administración.

El número de sanciones impuestas es similar al de años anteriores
El Poder Judicial acelera los expedientes para evitar su caducidad

En el escrito dirigido a Dívar por el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, se llega a decir: "El Consejo, a través de su Comisión Disciplinaria, no puede convertirse en un instrumento de presión". Y agrega: "Nos preocupa que el incremento de la actividad disciplinaria del Consejo se pueda convertir, en definitiva, en un instrumento que presione a los jueces para que abandonen su actividad reivindicativa y asuman la carga de trabajo excesiva que se les pretende imponer".

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¿Instrumento de presión? Quizá quien no encuentra ningún fallo en sí mismo necesita una segunda opinión, porque, de acuerdo con los datos del propio Consejo, las sanciones impuestas a los jueces y magistrados son parecidas a las de otros años: 29 en 2009 (ocho por infracciones muy graves, 15 graves y seis leves), 26 en 2008 (dos por faltas muy graves, 17 graves y siete leves) o 24 en 2007 (siete muy graves, 12 graves y cinco leves). Luego, si son más o menos iguales, el instrumento de presión debe de tener la pólvora mojada.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el Consejo ha cambiado el protocolo de actuación y ha simplificado el procedimiento para acelerar la tramitación. Antes abría muchas diligencias informativas con informes de la Inspección como paso previo a convertirse en expediente disciplinario, duplicando trámites y retardando innecesariamente la resolución. Ahora, en muchos casos la Comisión Disciplinaria inicia directamente el expediente. Eso ha supuesto una notable reducción del papeleo y del tiempo de resolución de los expedientes, lo que debería ser digno de elogio. Pero a los jueces no les gusta porque los expedientes contra ellos figuran en su hoja de servicios.

Y usted se preguntará: ¿por qué semejante celeridad? Resulta que desde 2006 el Tribunal Supremo ha anulado varias sanciones a jueces porque sus expedientes no pueden durar más que los del resto de los funcionarios, esto es, seis meses. Así que al Consejo no le ha quedado otro remedio que darse prisa para que sus sanciones no las anule el Supremo. Eso sí que es presión.

No se sabe si el juez José Manuel Raposo sentiría la presión para abandonar su actividad reivindicativa con el expediente que se le abrió, pero el Supremo ha anulado la sanción por su conducta, esa sí, intolerable. Raposo fue condenado a 12 meses de suspensión de funciones como autor de una falta muy grave de abuso de su condición de juez. Este magistrado exigió 18.000 euros al jefe de la ITV de Coaña (Asturias) que había suspendido a su coche en una revisión, bajo esta amenaza: "Estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años". Raposo sí que sabe presionar.

La sanción era pertinente, pero el Supremo la anuló porque el expediente se prolongó más de un año y el plazo legal para sancionar caducaba a los seis meses, por lo que el juez se ha ido de rositas.

A la vista del éxito, Raposo ha reclamado una indemnización de 60.000 euros por los daños que dice que el Consejo le ha causado, entre otros motivos porque su caso tuvo publicidad en los medios. Menos mal que esta reclamación no ha prosperado, pues de lo contrario habría que coincidir con Woody Allen: "Hoy, más que en cualquier otro tiempo de la historia, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Un camino lleva hacia la desesperación y la total desesperanza; el otro, hacia la extinción total. Recemos para tener la cordura de elegir correctamente".

¿No les parece que es mejor tomárselo con humor?

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