La ironía de los juicios rápidos

"El estrés no se ve en la foto", afirma una funcionaria del Juzgado de lo Penal 8 de Málaga. No sale, pero casi. Los miles de expedientes archivados en carpetas de colores han saltado de las estanterías y ya invaden de nuevo sillas, mesas y cuanto habitáculo libre queda en una oficina judicial en la que los trabajadores ven cómo, por mucho que trabajen -y pese a los tópicos sobre los funcionarios, no paran-, las tareas pendientes no dejan de crecer en una especie de mito de Sísifo judicial.

Esa marea de expedientes que todo lo inunda afecta a la mayoría de juzgados andaluces. Pero hay casos en los que el atasco se desborda y provoca disfunciones que desesperan a funcionarios, abogados, fiscales, jueces y ciudadanos a los que invade una mezcla de desconfianza y desidia ante la Administración de justicia. Los juicios rápidos en Sevilla y Málaga son el ejemplo más claro. Si la ley indica que el plazo para celebrar juicios en "delitos flagrantes" como robos, por violencia machista y contra la seguridad vial está fijado en 15 días, en ambas capitales el retraso ronda los cinco meses. Es decir, sobrepasa 10 veces el periodo legal.

"A veces los testigos no vienen por desidia", subraya un magistrado

En Málaga, ciudad que recibió el año pasado 6.131 juicios rápidos procedentes de toda la provincia, el Juzgado Decano citaba el pasado jueves las vistas orales de este tipo para el 25 de noviembre. Y eso que la demora se ha rebajado con la creación de dos juzgados de violencia de género.

"Con el plazo de dos semanas se producían suspensiones de juicios rápidos porque en ocasiones no daba tiempo a practicar algunas pruebas periciales, sobre todo forenses y de toxicología. Ahora, con señalamientos a medio año vista, a veces los acusados se quitan de en medio y los testigos no vienen por desidia", afirma Francisco Ontiveros, magistrado titular del juzgado y que ahora ha sido destinado interinamente a reforzar la sala de la Audiencia Provincial que juzga el caso Ballena Blanca.

Ontiveros, utilizando palabras más gruesas, afirma que los jueces viven "con miedo" de que el retraso, propiciado por un aumento de la litigiosidad con la misma plantilla de hace 12 años, genere en sus juzgados un caso como el de la niña onubense Mari Luz. "Hay mucho desánimo. Pasamos el 170% del módulo [que marca el Consejo General del Poder Judicial] y el trabajo no cunde. No controlar el trabajo que entra genera mucha ansiedad al juez y desborda a la gente a su cargo".

El atasco de los juicios rápidos genera a su vez nuevas órdenes de busca y captura y ejecutorias pendientes de realizar. En el Juzgado de lo Penal 5 malagueño, dos personas solucionan el papeleo de 890 procedimientos al año, tanto rápidos como ordinarios.

Los juicios rápidos en Sevilla, donde cada semana se celebran 30 procesos, comparten la gravedad del atasco porque este mes se señalan casos para el próximo noviembre. En gran parte por la reforma del código penal, que disparó el aumento de delitos contra la seguridad en el tráfico. En Sevilla alcanzaron el 55% del total de diligencias urgentes calificadas el año pasado.

El aumento de juicios rápidos es progresivo y los expertos no vislumbran cuándo se podría estabilizar la tendencia al alza. La fiscalía sevillana calificó 6.035 diligencias urgentes en 2009, un 4% más que en 2008, pero la cifra de 8.232 diligencias urgentes incoadas supuso un 13% superior al número de 2008.

"Fue una buena iniciativa pero se ha saturado. Ahora es una bola de cada vez más entidad. No sé qué deriva tendrá, si se estabilizará o crecerá", afirma con gesto resignado Francisco Guerrero, magistrado del Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla.

La situación en Sevilla no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Si la reciente creación del Juzgado de lo Penal 14 no parece haber aliviado la situación, el próximo Juzgado de lo Penal 15, aún inexistente pero muy necesario, parece que se retrasará hasta finales de año si los recortes presupuestarios lo permiten.

"La carga de trabajo supone que un juez, además de enjuiciar los asuntos y las ejecutorias, tiene las ejecuciones de las sentencias de conformidad que no están incluidas en el módulo", recuerda el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez.

Mientras, el juez decano de Málaga, José María Páez, firme partidario de los juicios rápidos -"durante el tiempo que funcionaron bien, los resultados fueron espectaculares"-, asegura que el retraso se debe fundamentalmente a que no se han puesto medios materiales y personales. "Al final todo es un problema de dinero. Es igual que el plan de choque anunciado para agilizar las ejecutorias, al final no se ha implantado", dice.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga afirma que los juicios rápidos "funcionan mal, pero comparados con los ordinarios son mucho más ágiles". El representante de los letrados malagueños cree que el atasco se resolverá en gran medida con la implantación de la nueva oficina judicial. El retraso en la puesta en marcha del nuevo modelo de organización es, según Camas, "más un problema de inercias y de resistencia de las juntas de jueces que de dinero", y cree que los juicios rápidos, creados en 2003, "han funcionado bien hasta que el número de asuntos ha crecido, y por la falta de productividad de una estructura judicial ineficaz".

Páez niega tajante la falta de colaboración de los jueces, aunque recela de los discursos basados únicamente en la eficiencia y que obvian la falta de medios. "La nueva oficina judicial es como cambiar el chóped por la mortadela; está bien, pero que no nos digan que es jamón ibérico", afirma.