El 'burukide' Alzola comparte sedes con empresas del 'caso De Miguel'

Landaburu Etxea lo hizo medio año y Ortzi Muga está "sin permiso" en Betean

Las empresas Landaburu Etxea y Ortzi Muga, relacionadas con algunos de los afiliados del PNV imputados en el denominado caso De Miguel -abierto para dilucidar una supuesta trama de corrupción en Álava-, han elegido las oficinas en Vitoria del grupo Betean, cuyo principal referente es el burukide Aitor Alzola, miembro del EBB, para fijar sus respectivas sedes sociales.

Landaburu Etxea, la empresa que Alfredo de Miguel creó para la compra de un edificio como nueva sede del ABB en la capital alavesa, radicó desde su nacimiento en la primera planta de un edificio de oficinas en la calle Vicente Goikoetxea, 6, muy próximo a las Juntas Generales de Álava. Según Aitor Alzola, "sólo estuvo unos seis meses y se cambiaron". En el Registro Mercantil de Álava, sin embargo, no consta actualmente cambio alguno de sede.

"Me enteré de la sede de Ortzi Muga en nuestro grupo al leerlo en EL PAÍS"
Landaburu Etxea fija su sede en Betean en su escritura de creación

Ortzi Muga también se encuentra en el mismo edificio, aunque en la sexta planta, donde desarrollan su trabajo otras empresas del grupo Betean, dedicadas en su mayoría a los servicios de auditoría y consultoria. Alzola, sin embargo, denuncia que Ortzi Muga "ha fijado su sede sin su permiso". Así lo declaró a este periódico el pasado viernes: "Me enteré de que estaban en mis oficinas cuando lo leí en EL PAÍS que hablaba por primera vez de esta sociedad". A partir de entonces, Alzola requirió por burofax a Ortzi Muga para que abandonara "inmediatamente" su sede en las dependencias de Betean y que, además, "nos pidiera disculpas". A fecha de hoy, Alzola asegura que ni ha recibido excusas ni tiene notificación alguna de que la empresa relacionada con el caso De Miguel haya cambiado su sede.

El principal socio de Betean admite que conoce a Iñaki San Juan, impulsor de Ortzi Muga, y que ha hablado "por teléfono" con él para advertir de tan anómala situación. "Me ha dicho que no me preocupe, que es una sociedad que va a iniciar en breve su proceso de liquidación". El burukide alavés no conoce, en cambio, a Jesús Montes, que figuraba como administrador único cuando se constituyó Ortzi Muga y que ocupó el puesto decimonoveno en la lista del PNV al Ayuntamiento de Bilbao en las últimas elecciones locales.

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A pesar de que el Registro Mercantil y los contratos que le adjudicó el Gobierno vasco de Ibarretxe, y que ahora investiga el juez Roberto Ramos, sitúan a Ortzi Muga en este edificio de Vitoria, en una visita ocular realizada a la citada planta de oficinas no se pudo comprobar la existencia de rótulo identificativo ni personal alguno de esta compañía.

Como ya adelantó EL PAÍS, Ortzi Muga es una sociedad que tiene como administrador único a Iñaki San Juan Bilbao, también relacionado con el PNV, hijo de un ex director de Deportes del Gobierno Ardanza. Inicialmente, en su constitución figuró como administrador único Josu Montes Azcarraga. En sus comienzos, abrió la sede en el edificio Deba de la calle Portal de Gamarra, 1, de Vitoria. En marzo de 2007 oficializó su traslado a Vicente Goicoechea, 6-6º, donde comparte sede con empresas de Betean. Iñaki Alzola ya ha comunicado a la Hacienda de Álava esta anomalía. "Hemos remitido el burofax que mandamos a Ortzi Muga haciendo constar que han dado la dirección de nuestro grupo sin nuestro consentimiento y que carecen de permiso alguno", remarcó el dirigente nacionalista. Alzola agrega que este tipo de "irregularidades" se pueden hacer "fácilmente" porque a las empresas no les piden la acreditación oficial de la sede elegida.

Ortzi Muga se ha visto favorecida por varias adjudicaciones procedentes mayoritariamente de la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, que dirigía Xabier Sánchez Robles. Precisamente estas concesiones han conducido a que Sánchez Robles sea declarado imputado en el caso De Miguel, al igual que su inmediato superior, Gurutz Larrañaga, viceconsejero en la etapa de Miren Azkarate. Ambos imputados prestaron declaración la pasada semana ante el juez que instruye esta investigación, junto al fiscal de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre.

A diferencia del traslado de Ortzi Muga a la misma sede que comparte el grupo Betean, San Juan Bilbao no hizo lo propio con otras dos empresas que son investigadas en el proceso abierto por el caso De Miguel, Errexal y Altzatebaita. Una de ellas, Errexal, se ha visto también favorecida por diversas adjudicaciones de obra del anterior tripartito, y mantiene su sede social en Amurrio. En cuanto a Altzatebaita, el PP sigue su pista. De hecho, ha presentado sendas preguntas en el Parlamento vasco y en las Juntas Generales de Álava para conocer si ha recibido contratos por parte del Gobierno vasco y de la Diputación, respectivamente.

A su vez, la escritura de constitución de Landaburu Etxea, firmada el 27 de julio de 2006 ante el notario Felix-Ignacio Torres, consigna que esta sociedad fija su sede en la calle Vicente Goikoetxea, 6-1º. Es entonces cuando queda rubricado que el administrador único de esta nueva firma será Alfredo de Miguel, que había desembolsado 2.850 euros para crearla, mientras su socio Aitor Mikel Uriarte asumió el resto exigible, 150 euros.

En el Registro Mercantil, incluso, figura como primera ubicación social de Landaburu Etxea la calle Postas, 4, en el edificio Hueto que dio lugar al nuevo batzoki del PNV. Desde el traslado a la sede del grupo Betean, inmediatamente después de escriturar la sociedad, nadie ha modificado la sede en el Registro Mercantil. Alzola desconoce las razones de que no se haya actualizado el cambio, "pero aquí ya no está Landaburu Etxea", remarcó.

Aitor Alzola se siente "molesto" por la repercusión negativa que este tipo de noticias tiene para el grupo que representa. "Betean somos cuatro socios que tenemos a 150 personas en nuestras empresas y llevamos muchos años en el campo profesional". Y quiere separar "mis negocios de lo que es la política". Numerosas sociedades públicas vascas vienen encargando desde hace años sus auditorías internas a empresas de este grupo.

El PNV, socio único de Landaburu Etxea

Apenas un mes después de que Alfredo de Miguel fuera detenido el pasado 17 de marzo por su supuesta implicación en una red de corrupción en Álava, el presidente del Araba Buru Batzar (ABB), Iñaki Gerenabarrena, le sustituyó como administrador único de la sociedad Landaburu Etxea, constituida ya en 2006. Y semanas después, el 10 de mayo, el PNV se convirtió en el único socio de esta empresa. Así figuran cada uno de estos cambios en el Registro Mercantil de Álava.

Desde el PNV, en cambio, sostienen que el relevo societario se hizo en diciembre de 2006. "Hay que mirar el registro de actos jurídicos, que es lo que vale", aseguró una portavoz del ABB. "De Miguel vendió sus acciones al PNV como socio de Landaburu Etxea un mes después de comprar el edificio de la nueva sede y Gerenabarrena figuró como apoderado en su calidad de presidente del partido en Álava", añadió la misma fuente. En el Registro Mercantil dichos cambios sólo aparecen con fechas de abril y mayo de 2010. Sobre las razones de este sensible retraso, el PNV se limita a señalar que "lo desconoce y lo que vale son los actos jurídicos y ahí queda claro".

Así, ni siquiera el propio De Miguel llegó a advertir ante el Registro Mercantil que no tenía relación alguna con Landaburu Etxea a pesar de que ostentaba el cargo de diputado foral. La situación societaria de esta empresa, por encima de la sensible diferencia que se aprecia en las fechas y en el contenido de las sucesivas transmisiones, podría contravenir, de hecho, la Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. La normativa señala que los partidos políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil de ninguna naturaleza.

La condición de administrador único de que disfrutó De Miguel en Landaburu Etxea provocó que el propio diputado general de Álava, Xabier Agirre, considerara que se había incurrido en una incompatibilidad. Posteriormente, los servicios jurídicos de las Juntas Generales de Álava concluyeron que De Miguel no debió ser nombrado diputado foral porque su actividad mercantil se lo impedía.

La actividad económica de Landaburu Etxea no ha cesado a pesar de que su único objetivo fue la compra del edificio para acoger la nueva sede del ABB en Vitoria, operación cerrada en octubre de 2006 por 3,6 millones de euros. En base a las declaraciones de la portavoz del ABB, los sucesivos ejercicios económicos posteriores a la venta serían una responsabilidad directa del PNV. El balance de 2008 arroja unas pérdidas de 230.509 euros, con una deuda de 2,5 millones con entidades de crédito y otra de 630.000 euros con empresas del grupo y asociadas.

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