Interinidad laboral

El decreto publicado el pasado día 16 sobre reforma del mercado de trabajo reduce las expectativas de construir con rapidez y claridad un sistema laboral que facilite la creación de empleo en cuanto apunte la recuperación económica. Lejos de dar por zanjada la interinidad abierta durante meses acerca de la reforma laboral, la prorroga. Lo hace a través de una tramitación parlamentaria en la que todavía puede cambiar algún aspecto si se consigue el respaldo de otras fuerzas políticas. La interinidad se agrava con la surrealista convocatoria de huelga general diferida, que mantendrá vivo el conflicto, con daños adicionales a las posibilidades de crecimiento económico y, desde luego, al empleo. Además, se intensificarán las reclamaciones de quienes aspiraban a una reforma de mayor calado y ahora esperan que en los próximos años siga avanzándose en la flexibilización del mercado de trabajo.

Autoridades e instituciones han estado durante demasiado tiempo pendientes de esa reforma que favorecerá sin duda el funcionamiento del sistema económico español, pero que de ningún modo garantiza la solución del problema esencial que tiene planteada la economía española: la perversa relación entre un elevado nivel de paro y el deterioro en la calidad de los activos bancarios. Algunas de las reformas del mercado de trabajo deberían haberse hecho cuando la economía crecía y creaba empleo, no ahora. La obsesión en facilitar y abaratar el despido, que es en lo que ha quedado finalmente esta reforma, no es la mayor de las urgencias requeridas por las empresas españolas. Claro que no se le harán ascos a esa mayor discrecionalidad que a partir de ahora tendrán las empresas, pero las más competitivas y avanzadas saben que lo esencial no es abaratar el despido, sino disponer de capital humano de calidad -con la formación y habilidades adecuadas- y de mecanismos de financiación suficientes para concretar ideas y proyectos. En esto último, la economía española está claramente peor que cuando se inició la crisis.

La distinción entre lo importante y lo urgente no ha sido precisamente la mayor de las habilidades de las autoridades españolas. Normalizar el funcionamiento del sistema bancario, alejar las amenazas que pesan sobre algunas entidades, sobre la apelación a los mercados de capitales, debería haber constituido la principal de sus prioridades. Claro que el supervisor bancario puede interesarse sobre aspectos macroeconómicos, pero lo primero es antes. Y en su caso tenía que haber subordinado absolutamente otras prioridades a la consecución de la estabilidad bancaria y su percepción en el resto del mundo. De poco sirve tener la reforma del mercado de trabajo si la mortalidad empresarial, como consecuencia del mal funcionamiento del sistema bancario, es la más alta de Europa. De qué sirve abaratar el despido si desciende el número de empresas. El abaratamiento del despido es relevante en sectores intensivos en mano de obra barata, que no son precisamente los que hay que incentivar en nuestra economía.

Ahora corresponde a unos y otros centrarse en transmitir la confianza suficiente, la capacidad de cooperar en la recuperación, para sentar las bases para que esa recuperación sea con una economía más moderna y competitiva. Financiación autonómica y sistema bancario han de ser las urgencias que no debieron postergarse. -