"Es difícil encajarlo como delito"

Está aún en la fase inicial de recopilación de datos y sondeos con todos los agentes implicados para elaborar, antes de final de año, esa gran radiografía sobre el furtivismo en el mar. El fiscal Álvaro García Ortiz ve compleja la posibilidad de tipificar como delito la extracción ilegal de recursos pesqueros. El informe ayudará a determinar si cabe proponer una reforma del Código Penal o "interpretarlo mejor".

Pregunta. ¿Hay delitos asociados al furtivismo que se aplican para estos casos?

Respuesta. Sí, ya se aplica el delito por el uso de medios indiscriminados para la caza y la pesca, como ocurrió con la pesca con explosivos en Camariñas. Y el delito de salud pública que castiga la comercialización de alimentos dañinos, como en el caso de las vieiras en el restaurante Toñi Vicente en Santiago. También está el delito de hurto, aunque no se aplica en el caso del furtivismo porque es difícil determinar de quién es la propiedad de los recursos del mar. ¿De las cofradías? ¿Son o no propiedad de alguien? Es discutible. Sin modificar el Código Penal es difícil encajar la pesca o marisqueo furtivos como un delito patrimonial en el sentido más estricto. Hay que evaluar si vale la pena o no proponer una reforma del Código Penal para tipificar el furtivismo en el mar. Criminalizar una conducta no supone que desaparezca.

P. La persecución de esa actividad es ahora difícil. Sólo genera sanciones administrativas.

R. Es complicado porque los que actúan contra el furtivismo, guardacostas y guardas de pesca, que son vigilantes privados contratados por las cofradías con dinero público, no son agentes de la autoridad, solo pueden identificar a quien pesca o marisquea sin permiso.

P. El caso del restaurante Toñi Vicente marcó un precedente. ¿Se incidirá en esa línea?

R. Está claro que el furtivismo sólo tiene sentido por su salida en el mercado, y hay que controlar las fuentes de abastecimiento no solo desde un aspecto penal. Hay un problema para seguir la traza del producto. Es necesaria una norma que dé garantías al consumidor sobre el origen de cada producto del mar. Cuando se decomisa en un establecimiento hotelero especies cuya pesca está vedada, se puede aplicar un delito contra la salud pública. Pero en el resto de los casos, es muy complicado probar que procede de pesca furtiva.