Un cabo suelto en el quirófano
Antonio Meño quiso retocarse la nariz y lleva 21 años en coma - La Fiscalía pide al Supremo que reabra el caso con un nuevo testigo de la operación
Un matrimonio de jubilados lleva 365 días acampado en la calle con su hijo en coma. Están en la plaza de Jacinto Benavente, a una calle de la Puerta del Sol. Viven en una caseta de madera enfrente de una sede del Ministerio de Justicia, en un lado de la plaza ocupado desde hace tiempo por borrachos y proxenetas. La caseta, por fuera, tiene sábanas y carteles en los que la familia pide "justicia" para su hijo, que siempre está dentro, paralizado sobre una cama en un espacio pequeño con olor a plástico.
Antonio Meño Ortega, de 41 años, se quedó inválido en 1989 en una operación de cirugía estética. Quería retocarse la nariz. Durante la rinoplastia hubo un problema y su cerebro se quedó sin oxígeno. Sus padres llevaron a los tribunales a la clínica privada donde lo operaron, Nuestra Señora de América, y al médico responsable de la anestesia. Un juzgado de lo Penal culpó al anestesista de retirarle el oxígeno a Antonio antes de que pudiera respirar, provocando un vómito que lo asfixió. El médico debía indemnizarlo con 175 millones de pesetas (más de un millón de euros).
La familia lleva 365 días acampada en la plaza de Jacinto Benavente
La Audiencia Provincial, primero, y luego el Tribunal Supremo rechazaron esa sentencia y exculparon al anestesista. El Supremo condenó a los padres a pagar 400.000 euros a la clínica y al anestesista por los gastos del juicio. El matrimonio, Juana y Antonio, dos panaderos de Móstoles, presentó un incidente de nulidad y el Supremo reanudó la tasación de costas. Los Meño decidieron echarse a la calle con su hijo.
Y en la calle, 21 años después de la operación, ha aparecido la última pieza del rompecabezas, un hombre que en diciembre se topó con su caseta de madera por casualidad, según dice la familia, y resultó ser un médico en activo que estuvo en la operación de su hijo como aprendiz, pero que no participó en los juicios. I. F. G., el nuevo testigo, ha firmado una declaración -entregada por la familia al Supremo con una demanda de revisión del caso- en la que da una versión distinta de lo que ocurrió en el quirófano y que la Fiscalía de Madrid, el pasado 17 de mayo, consideró en un escrito al tribunal como un indicio de "maquinación fraudulenta", esto es, de que se ocultaron pruebas en el juicio.
"Durante la operación observé que se producía una alteración del ritmo cardiaco, por lo que hice un comentario y llamaron a la auxiliar. El anestesista estaba en otro quirófano en ese momento. Al cabo de unos minutos apareció, levantó los paños que cubrían la cabeza del paciente y comprobó que el tubo a través del que respiraba el paciente se había desconectado. El anestesista exclamó: ¡Dios mío, se ha desconectado!". El testigo, que no ha querido hacer declaraciones a este periódico, nombra en su descripción de los hechos a los cirujanos, al anestesista y precisa el color de ojos y de pelo de la enfermera.
De acuerdo con el testimonio, el fiscal del caso, Félix Herrero Abad, entiende que en los juicios los demandados, "todos ellos unidos por lazos de parentesco y amistad, (...) ocultaron datos a los perjudicados y a los órganos judiciales". La Fiscalía sostiene que la prueba supuestamente escamoteada a la Justicia "podía haber dado lugar a una sentencia totalmente distinta" y reclama al Supremo que se admita la demanda de revisión del caso.
La abogada del anestesista, que ahora trabaja en un hospital público de Madrid, afirma que no le ha llegado el escrito de la Fiscalía y cuestiona la credibilidad del nuevo testigo: "Es la versión de una persona que aparece después de muchos años de juicios. Mi cliente dice que no sabe quién es y que no estaba en el quirófano". La clínica Nuestra Señora de América se ha negado a hablar del caso.
Los padres de Antonio Meño siguen la última vuelta de tuerca del caso con una combinación de esperanza y escepticismo. "Es el primer testigo que tenemos, y es importante; pero después de tantos años de injusticias, ya veremos qué pasa", dice Juana Ortega, de 64 años. La madre del hombre en coma no cree que se vayan de la calle hasta que haya otra sentencia en firme, si el Tribunal Supremo reabre el juicio. No se fía. Su relación con la Justicia es algo muy personal. "¡Qué gracia!", se reía el lunes por la noche, antes de ir a dormir. "Acabo de medir por primera vez la distancia que hay entre mi tienda y la sede del Ministerio: ¡Solo seis pasos!".
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