La oposición carga contra el decreto que centrifuga la gestión de Cotino

Tres sombras planeaban ayer sobre el pleno de las Cortes Valencianas: la próxima sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas sobre el urbanismo valenciano, la corrupción que ha afectado a empresas públicas como Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y el partido del Mundial de fútbol entre España y Suiza que mantuvo suspendida la sesión de las tres a las seis de la tarde.

El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, Juan Cotino, artífice del denominado decreto de "medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo", argumentó la urgencia de simplificar trámites en la gestión urbanística -con decisiones como la eliminación de un plumazo de los conciertos previos a los planes generales de ordenación urbana, y de ciertas exigencias de información pública- para facilitar el desarrollo de actividades. Cotino alegó, como después haría también el portavoz del PP, José Marí Olano, que no es ahora el momento de modificar la legislación urbanística valenciana, cuando se está pendiente de la sentencia de los tribunales europeos, prevista para inicios de 2011. Sí que consideró, en cambio, necesario prorrogar las reclasificaciones asociadas a Programas de Actuación Integrada (PAI) no ejecutados para "evitar una desclasificación masiva de suelo urbanizable".

El decreto permite que Vaersa "fagocite" a la consejería, alega Sanmartín

Marí Olano dice que los socialistas hacen "campañas de difamación"

El vicepresidente tercero apenas mencionó la parte del decreto ley dedicada a Vaersa y a otras dos empresas públicas vinculadas a la consejería, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales y el Instituto Cartográfico, que ven sensiblemente ampliadas sus competencias y funciones. Precisamente fue ese el tema en el que centró la oposición sus duras críticas. El diputado socialista Adolf Sanmartín aseguró que las modificaciones permiten a Vaersa, con unos 1.800 trabajadores, "fagocitar" a la consejería, que tiene un millar de empleados, semiprivatizando la gestión y fomentando una todavía mayor opacidad para que sea posible "amañar de forma generalizada los contratos públicos". Sanmartín dijo que los cambios "intrascendentes" en algunos aspectos urbanísticos sirven en el decreto para "esconder" una reforma de gran calado que convierte a Vaersa en una nueva Ciegsa, la empresa encargada de construir centros educativos, de difícil control parlamentario. Según el diputado socialista, todo eso fomentará "el nepotismo y el trato de favor".

Marí Olano replicó en tono airado, insinuó que hay conocidos cargos socialistas trabajando en empresas de las mismas características que Vaersa, como Tragsa, del Ministerio de Medio Ambiente, y otras, y afirmó que los socialistas son especialistas en "campañas de difamación".

Sanmartín no desaprovechó la ocasión de recordar que en 2004 Vaersa, cuando era consejero de Territorio Rafael Blasco y, por tanto, presidente de la empresa, adjudicó el primer contrato de la Generalitat a Orange Market, en un concurso con otras sociedades de la trama Gürtel que no se ejecutó y pese a ello la empresa de Álvaro Pérez cobró la mitad del importe, sin que Blasco reclamara su devolución.

La alusión irritó al portavoz popular, hoy consejero de Solidaridad y Ciudadanía, que pidió intervenir por alusiones para asegurar que las afirmaciones del diputado socialista eran "falsas de toda falsedad". La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, negó a Sanmartín el derecho a responder con el argumento de que solo le concedería el turno si era "para retirar sus palabras". En medio de las protestas de los bancos de la oposición, Martínez amonestó dos veces al parlamentario del PSPV.

También Lluís Torró, de Esquerra Unida, arremetió contra el decreto, que calificó como una "huida hacia adelante" para "insistir en el saqueo de lo público". Torró se preguntó qué fomento del empleo conseguirán esas medidas y calificó de "falacia" el título del decreto, que los populares tramitarán como proyecto de ley.

Por su parte, Mireia Mollà, de Compromís, dijo que el decreto es "un ejercicio hipócrita" para reducir las exigencias en materia urbanística y profundizar en la "perversión de la Administración pública" que representa la actuación de Vaersa. Mollà expresó su asombro por el hecho de que, con la excusa de superar la crisis que en buena medida ha propiciado el urbanismo salvaje, el Consell siga apoyando "un modelo caduco y acabado".