Los 'guays' del victimismo

"Los cocodrilos vierten lágrimas cuando devoran a sus víctimas. He ahí su sabiduría", afirmaba el filósofo y estadista británico sir Francis Bacon hace 400 años. Y habrá que convenir que sigue vigente a la vista de lo que sucede en 2010.

Aprecien si no la estrategia del Gobierno de Israel, que mantiene un bloqueo ilegal sobre Gaza, condenando a la miseria a un millón y medio de palestinos, y que ataca en aguas internacionales a la llamada flotilla de la libertad, abordando sus naves y matando a nueve activistas en el Mavi Marmara, so pretexto de que se trataba de terroristas y que, por tanto, los soldados asaltantes actuaban en legítima defensa.

Lo cierto es que al atacar a buques pacíficos en aguas internacionales, la Marina israelí incurrió presuntamente en una violación del Derecho Internacional a la libertad en alta mar, aunque técnicamente no se le pueda llamar piratería, nueve delitos de asesinato y decenas de secuestros al obligar a las naves a dirigirse al puerto de Ashdod. El Ejecutivo israelí ha mantenido en todo momento que ellos eran los atacados, es decir, las víctimas. Sin embargo, ese discurso se desmorona cuando todos esos supuestos terroristas que viajaban en la flotilla -entre ellos el escritor sueco Henning Mankell-, en lugar de quedar presos acusados de gravísimos delitos en Israel, país al que teóricamente atacaban, fueron repatriados a sus países de origen. O eran terroristas, y entonces deberían estar en la cárcel, o no lo eran, y como ha ocurrido, los han devuelto a sus casas.

Parece evidente que el Gobierno y el Ejército israelí se han convertido en los guays del victimismo. Son tan estupendos que van por la vida de víctimas, pero sin embargo actúan con la soberbia, prepotencia y desproporción con la que lo hacen los opresores. El caso chirría tanto que hace ruborizarse de vergüenza a sus aliados.

Algo parecido, aunque a distinto nivel, ocurre con el Partido Popular y su personación como acusación popular en el caso Gürtel, la red de corrupción dirigida por Francisco Correa que afecta a varios altos cargos de ese partido al menos en Madrid y la Comunidad Valenciana.

Se trata de una personación que solo tiene sentido si va encaminada a demostrar que la actuación de los acusados fue tan perjudicial para el PP que no le basta con que les acuse el fiscal -encargado de defender la legalidad- porque su propia exigencia de responsabilidades va a ser más dura e implacable. Es decir, que el mensaje a transmitir a los ciudadanos -estos sí, auténticos perjudicados- es que el PP es la principal víctima de la actuación de sus cuadros.

Sin embargo, como en el caso de Israel, una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Porque el PP, lejos de actuar como acusación, está funcionando como la mejor de las defensas. Claro que no todos los imputados tienen la suerte de beneficiarse de esa actuación porque hay acusados de primera -como el ex tesorero del partido Luis Bárcenas o el presidente valenciano Francisco Camps- a los que se defiende más allá de toda duda, y los, digamos, prescindibles.

El PP ha desplegado una intensa campaña contra el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, al que llegó a recusar, hasta que el Consejo del Poder Judicial, en un pleno extraordinario convocado por los vocales que habían sido elegidos a propuesta de los populares, le suspendió en sus funciones, cercenándole una salida honorable de servicios especiales en la Corte Penal Internacional.

En ese proceso de situarse como víctima frente al mundo, el PP ha acusado a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción de fabricar pruebas falsas contra ellos y de perseguirles por motivos políticos y electorales.

Ahora le ha tocado el turno al juez Antonio Pedreira, impugnando que remita las pruebas de la corrupción a Valencia, para que no puedan servir para juzgar a Camps.

El traje de víctima con el que el Partido Popular se ha revestido le queda grande, porque quién va a creerse que es el perjudicado por la ilícita actuación de sus altos cargos, cuando Rajoy se comprometió a pagar la minuta del abogado de Bárcenas -una minucia de 200.000 euros- y este, a pesar de estar dado de baja en el partido, mantiene un despacho en la sede de Génova -la sala Andalucía- para guardar sus papeles.

Quizá Rajoy acabe formulando la pregunta que se hacía Groucho Marx en Sopa de ganso: "¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos?"