Imputados los jefes de helicópteros Inaer por el siniestro de Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de Instrucción 2 de esa capital que se tome declaración como imputados por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad en el trabajo a los máximos cargos de la compañía de helicópteros Inaer en España, por el accidente del 8 de julio de 2006, cuando un aparato Sirkosky se precipitó en aguas de la isla canaria de Tenerife, causando la muerte de sus seis tripulantes.

En concreto, el fiscal ha interesado al juzgado la declaración como imputados de los "administradores de la empresa titular del helicóptero, directores técnicos, director de operaciones y jefe de mantenimiento". Además, reprende severamente al Ministerio de Fomento porque la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos no ha emitido, a cuatro años del suceso, ningún informe sobre las causas de lo ocurrido.

La solicitud del ministerio fiscal surge a raíz de la batalla judicial que mantienen los familiares de las víctimas desde el mismo momento del accidente. Según sostiene su portavoz, Carlos Torres (cuñado del copiloto, Antonio Ruiz Lacasa, el único cuyo cuerpo no se pudo recuperar), todos los indicios apuntan a que ese helicóptero no tenía que haber despegado el 8 de julio. Torres defiende que una de las palas ya había perdido nitrógeno en dos ocasiones anteriores y que tenía que haberse cambiado, según exige el manual del fabricante.

En vez de enviar una pala nueva desde los talleres centrales de la isla de Gran Canaria a La Palma, donde la nave estaba destinada en operaciones contra incendios del Ministerio de Medio Ambiente, la tripulación recibió orden de despegar y dirigirse a Gran Canaria. En mitad de ese trayecto, el Sirkosky S61N, fabricado en Noruega en los años sesenta, se precipitó al mar.