Los chiringuitos eluden adaptar sus terrazas a la ley de momento
El Gobierno reanuda el diálogo con un calendario de reuniones
Si hay algo que ambas partes destacan de la reunión es la vuelta al diálogo. El Gobierno y los representantes de los chiringuitos de las playas de Valencia acordaron ayer, durante el encuentro que mantuvieron en Madrid, que prepararán un calendario de reuniones para las próximas semanas, en las que tratarán de encontrar una solución al conflicto que atañe a la extensión de las terrazas de los locales. En la búsqueda de esa solución, el metraje de las terrazas se mantendrá.
El Ministerio de Medio Ambiente pretende que los establecimientos de las playas de la Malva-rosa, El Saler, Pinedo y Puerto de Sagunto adecuen sus terrazas a la Ley de Costas, es decir, que las reduzcan hasta dejarlas en 50 metros cuadrados. Los hosteleros, acostumbrados a extensiones mayores, se niegan. El diálogo entre ambas partes, atascado desde hace meses, cobra vida con la reunión de ayer y la prueba es que los actores han pactado una ronda de encuentros bilaterales y una reunión, esta vez con todos presentes, que se presume definitiva.
Cada asociación de hosteleros se reunirá con la jefa de la Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez, y tratarán de explicarle por qué consideran que sus espacios son compatibles con la ley y el medio ambiente. Una de sus bazas consistirá en enumerar las excepciones a la ley ya admitidas para estos locales (el espacio existente entre ellos, por ejemplo). Una vez mantenidos estos encuentros, todos en Valencia, el diálogo se trasladará de nuevo a Madrid, donde la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que actúa en nombre de Medio Ambiente, recibirá como ayer a los hosteleros. Es entonces cuando todo debería decidirse. La pretensión de los hosteleros es volver a reunirse en Madrid antes de que acabe julio. Medio Ambiente calla de momento y no pone fecha límite.
Los representantes de los chiringuitos mostraron su satisfacción al salir de la reunión. Joaquín Mompó, letrado que defiende los intereses de los locales de la Malva-rosa, afirmó que "se abre un periodo de negociación ya que ambas partes se han relajado. Lo más importante", matizó, "es la actitud que ahora impera, de diálogo y análisis". Javier Campomanes, abogado que representa a los hosteleros de El Saler y Pinedo, añadió que "ahora es diferente". "Hemos hablado", narró, "y por lo menos hay un proceso por delante". Vicente Pizcueta, portavoz de la Federación Valenciana de Hostelería, contó: "Por lo menos ha quedado clara la excepcionalidad de los chiringuitos". "Las terrazas", concretó, "son excepcionales, igual que es excepcional que cada local esté a menos de 200 metros uno de otro". Carmen Alborch, portavoz municipal del PSPV-PSOE, dijo que "se confirma lo que el Grupo Socialista ha estado diciendo, que el ministerio está por el diálogo y por examinar cada uno de los casos". Alborch, al igual que los anteriores, entiende que "mientras se esté negociando, se paralizará cualquier actuación [en referencia a las terrazas], ya que esa es la actitud de diálogo del ministerio".
El conflicto que mantiene Medio Ambiente con los chiringuitos valencianos no es único en España. En Andalucía, por ejemplo, cientos de locales deben adaptarse a la Ley de Costas, con la diferencia de que el problema, más que el espacio que ocupan, es su posición, pues muchos están sobre la arena. La Junta de Andalucia pidió además que le transfirieran las competencias necesarias para administrar la ley, asunto que está en tramitación. Cataluña ya las reclamó y las obtuvo. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, ambos gobernados por el PP, exigen continuamente al Ejecutivo que ceda al Consell estas competencias. La respuesta de Medio Ambiente y de la oposición socialista siempre apunta que, para que eso se produzca, el Estatuto de Autonomía debería permitirlo. La reforma estatutaria que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en 2006 no incluyó esta posibilidad.
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