El calvario laboral de Svetlana

La crisis se compone de muchas pequeñas historias que forman relatos mayores. El calvario de Svetlana Simanovskaya, bielorrusa, de 56 años, empezó en 2008, cuando la empresa para la que trabajaba (desde 1996) la puso en la calle. La firma se encargaba de las traducciones en juzgados de Castellón, Valencia y Alicante, donde Simanovskaya prestaba sus servicios. Lo hacía sin contrato en un ámbito delicado: causas penales en las que acusadores o acusados hablaban ruso. Sobre todo, casos de maltrato. Con el despido, se quedó sin sueldo ni derecho a prestación. Según cuenta, la firma, además, le dejó a deber dinero. Esperando a cobrar por las buenas, no presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo hasta el 6 de mayo de 2009.

Trabajó sin contrato para una firma con concesión de la Generalitat

Más de un año después, tras haber pasado por tres subinspectores y haber insistido ante la Administración, la mujer, en una situación de seria precariedad económica, sigue sin obtener resultado. "¿Cómo puede defenderse un ciudadano de un abuso laboral si el propio Ministerio de Trabajo funciona de esta manera?", pregunta.

La respuesta, según el ministerio, es compleja, porque el caso de Svetlana se enmarca en una historia más amplia. La investigación contra las empresas traductoras de los juzgados (Newroz, SL, y Traducciones Ciudad de la Justicia, SL, que según Simanovskaya era en realidad la misma empresa con un nuevo nombre) fue abierta de oficio por la Administración en 2008, explica José Ignacio Sacristán, jefe de Inspección en la Dirección Territorial de Valencia. Lo que encontraron superaba con mucho las irregularidades de las que se ocupa habitualmente el departamento: casos de hostelería y de talleres textiles que afectan a un pequeño número de empleados.

En la investigación sobre Newroz, en cambio, la inspección detectó 237 casos de falta de alta en la Seguridad Social; dos trabajadores extranjeros en situación irregular, y otros 46 que compatibilizaban su actividad con la percepción de prestaciones por desempleo. En Traducciones Ciudad de la Justicia, la maraña era menor: afectaba aún así a 52 personas, entre ellas Simanovskaya. En total, 332 trabajadores, varios juzgados y un amplio abanico de situaciones presuntamente fraudulentas. "Es un procedimiento largo y laborioso", asegura Sacristán.

Las dos empresas trabajaban en los tribunales tras haber recibido concesiones de la Generalitat. Ese detalle -aparte de dejar en mal lugar a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas- puede acabar siendo beneficioso para los trabajadores y malo para las arcas autonómicas. Si las firmas son finalmente condenadas (el proceso se prevé largo) y no abonan las sanciones correspondientes, serán reemplazadas en la obligación de pagar por el Consell, ya que las tareas que desarrollaban están encuadradas en la categoría de servicio público.

Nadie explicó a Svetlana la complejidad del asunto. La traductora presentó la denuncia en Alicante a principios de mayo de 2009. A los pocos días fue informada de que su denuncia había sido trasladada a Valencia. Cuatro meses más tarde, ante la falta de noticias, se dirigió al departamento. Le contestaron que se le remitiría una carta "con el resultado de las actuaciones". Pasaron otros dos meses. La mujer reinició su batalla para obtener una explicación. En noviembre de 2009, la inspección la citó en Valencia para que aportara la documentación que obrara en su poder. La entrevista tuvo lugar el 9 de diciembre. Siete meses después de haber interpuesto la denuncia.

Continuó reclamando. El 9 de febrero de 2010 le indicaron que su caso había pasado a manos de otro subinspector. El 10 de febrero le comunicaron que había sido transferido a un tercer subinspector. Se dirigió a él. Sin respuesta. Svetlana llegó a la conclusión de que la inspección trataba su caso como una "patata caliente". Envió cartas a la plana mayor del Ministerio de Trabajo en Madrid.

Tres días después recibió un correo pidiéndole que compareciera de nuevo en Valencia llevando consigo todos los documentos oportunos... Simanovskaya pensó que la inspección había perdido su expediente y que (10 meses después) tenía que empezar de cero. "Estoy desempleada. Mi hijo también. Volver a ir a Valencia supone un gasto muy importante", cuenta.

Finalmente no hará falta que vuelva a entrevistarse (un procedimiento normal, señalan en la dirección territorial). Su caso, explica el jefe del departamento en Valencia, José Ignacio Sacristán, y el del resto de trabajadores de Traducciones Ciudad de la Justicia estaba a punto de ser enviado a los tribunales el viernes. El proceso será largo y la empresa o la abogacía del Estado podrán recurrir ante el Supremo. Pero el Ministerio de Trabajo grabará los datos de afiliación que considera probados, lo que permitirá a Svetlana solicitar la prestación por desempleo.