Lo que Camps calla en su balance

Las páginas de la gestión educativa se escriben cada día. No sólo en el catálogo de los 365 centros escolares reformados o de nueva construcción que el responsable del departamento de Educación, Alejandro Font de Mora, presentó ayer como una "hazaña política" sin parangón en España, en un acto sin precedentes ante alcaldes, ediles y promotores.

Los niveles de enfrentamiento con la comunidad educativa y de falta de consenso alcanzados por Font de Mora, entre 2003 y 2010, han llevado la empresa educativa que dirige a una tasa de abandono y fracaso escolar superlativa en la península, que roza el 40%, sólo superada por Baleares, Ceuta y Melilla. Entre las causas figuran ocurrencias (como obligar a estudiar en inglés Educación para la Ciudadanía); la judicialización del sistema (con sentencias incumplidas, sobre todo en valenciano); un déficit endémico de plazas escolares, sobrecostes en las construcciones escolares y un sueño frustrado: el de consolidar un sistema educativo plurilingüe moderno.

- La ocurrencia de Ciudadanía en inglés. El boicot del PP y de los sectores católicos más integristas contra esta asignatura sobre los derechos humanos llevó a Font de Mora a obligar a los docentes a darla en inglés sin tener profesores capacitados, ni valorar que la nota media de los alumnos valencianos de 2º de ESO en inglés no llega a 4 y, por tanto, no pueden seguir una clase tan abstracta. Este empecinamiento -que, finalmente, tumbó el Tribunal Superior de Justicia en julio- se llevó, entretanto, un curso por delante plagado de encierros y manifestaciones.

- El ordenador que provoca "miopía". Font de Mora ha sido el consejero especialista en sabotajes a los planes estatales de educación. La Comunidad se ha quedado este curso sin los 11,2 millones que el Consejo de Ministros para comprar 50.000 portátiles dentro del plan Escuela 2.0. También se ha quedado al margen del plan de dotación de bibliotecas escolares.

- 45.000 plazas de guarderías prometidas que no existen. El presidente Francisco Camps se presentó a las elecciones de 2003 prometiendo 45.000 plazas de guarderías. Pero lo cierto es que sólo hay 33 escuelas infantiles públicas. El resto son de titularidad municipal y, sobre todo, privada. Además, el gobierno de Camps -que sólo tiene escolarizada al 11% de la población censada de 0 a 3 años- ha retrasado desde 2008 la construcción de 3.000 plazas públicas que el Estado cofinancia con 11 millones. Finalmente, en julio pasado sacó la convocatoria a concurso para que sean los Ayuntamientos los que financien las plazas.

- Las 36 sentencias incumplidas del valenciano. En la batalla por no reconocer el título de Filología Catalana en las oposiciones del cuerpo docente, Font de Mora se ha tropezado con una treintena de sentencias (sólo las del Tribunal Superior de Justicia) además de las dos del Supremo y la del Constitucional. Harto de su "manifiesta temeridad", el TSJ ha optado por multar a la consejería en las últimas sentencias, con un coste de, al menos, 60.000 euros.

- El tijeretazo a la Llei dÚs i Ensenyament. Después de 30 años de aplicación, la consejería ha decidido recortar la aplicación del Programa de Incorporación Progresiva (PIP) en los centros escolares, limitando el valenciano a sólo dos materias. Los 3.000 profesores necesarios para implantar el inglés desde la etapa de Primaria no están.

- Directores sancionados e inspectores que actúan de "comisarios políticos". La sanción a los directores críticos ha sido una constante de Font de Mora. El caso más sonado el de José Luis Santiago, del IES Les Nòries, llevó a la asociación profesional de inspectores Adide (mayoritaria en el Estado) a calificarlo de "atentado al sistema educativo" y acusar a los inspectores nombrados a dedo de ejercer de "comisarios políticos".

- La defunción del Consejo Escolar Valenciano (CEV). La fobia a la crítica de la Administración Camps ha llevado a modificar por ley la composición del CEV para reducir la participación de padres, alumnos y profesores a cambio de otorgarle la mayoría institucional a la Generalitat.