Los alcaldes acuerdan regular sus sueldos sin el apoyo del PP

La crisis económica y la perplejidad que han causado entre los ciudadanos las rumbosas cantidades que se cobran en algunos consistorios han conseguido un logro impensable hace un par de años: regular los sueldos de los alcaldes según la población que gestionan. La FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias) aprobó ayer en Antequera recomendar un sistema de retribuciones con topes máximos que toma como analogía los salarios de la Junta y deberá aplicarse cuando se constituyan los nuevos ayuntamientos en 2011, tras las elecciones locales.

El acuerdo, sin embargo, salió sin el apoyo del PP, que ha pedido más tiempo para consultar con la dirección del partido, pese a que la tabla, sugerida por el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, estaba perfilada y en manos de los partidos desde hace semanas. Además, se trata de una vieja y muy conocida propuesta de Toscano que hasta ahora no había hallado eco.

El sistema sufrió una modificación en el transcurso del debate y en lugar de establecerse cinco tramos, los topes máximos se dividirán en cuatro. La relación queda así: alcaldes de más 500.000 habitantes y presidentes de diputaciones, un máximo de 79.873 euros (un consejero de la Junta); de más de 100.000, 70.004 euros (un viceconsejero); de entre 20.000 y 100.000 habitantes, 63.514 euros (un director general); y menos de 20.000, en función de su dedicación y siempre un porcentaje sobre la retribución de un delegado provincial de la Junta (45.432 euros). Las referencias corresponden a los salarios de la Junta antes de aplicarse el último recorte.

El acuerdo de los alcaldes -refrendado por PSOE, Izquierda Unida y PA- hace hincapié en que los topes comprenden tanto la retribución por cargo electo como por la asistencia a los consejos de administración de las sociedades municipales.

En lo que se refiere a la coyuntura económica y los recortes de los sueldos públicos que se están aplicando en todas las administraciones, el pleno de la FAMP decidió adoptar reducciones más duras para los salarios altos que las que se determinaron en el ámbito estatal de la FEMP. En este punto, el PP también reservó su voto, con el argumento, explicó la vicepresidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz (alcaldesa de Marbella), de que su formación está más de acuerdo con la propuesta estatal.

Según señaló Toscano, la tabla andaluza tiene en cuenta la población, de manera que los salarios se vayan equiparando a lo que se recomienda para el futuro, mientras que la de la FEMP se limita a recomendar una rebaja sobre los sueldos actuales. El acuerdo andaluz establece una reducción del 15% para los que estén muy por encima del máximo de su tramo de población; un 10%, para los que lo sobrepasen poco; y entre un 7% y un 0,56%, para los que estén por debajo. La propuesta estatal es más laxa. Por ejemplo, el máximo andaluz (79.873 euros) tendría un recorte solo del 10%, sin importar, además, si se trata de un ayuntamiento mediano o uno grande.

El acuerdo deja fuera el espinoso asunto de los directivos municipales, que alcanzan los 170.000 euros en algún caso.