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Columna
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Cuanto peor, mejor

En los últimos tiempos, el presidente de la Xunta parece dedicar más tiempo y atención a sus giras por las distintas tierras de España que a dirigir la política gallega. Es raro el fin de semana que su agenda no registra la celebración de un bolo político en un punto de la geografía española. En esta ocasión, Feijóo dirigió sus pasos a Andalucía y, en sus comparecencias públicas en las provincias de Cádiz y Sevilla, no dejó lugar a dudas acerca de su verdadera personalidad política.

En efecto, de sus proclamas en tierras andaluzas solo se extraen análisis apocalípticos, soflamas incendiarias o terribles anatemas, pero en ellas resulta difícil advertir siquiera indicios de una alternativa política coherente. Al parecer, el liberal Feijóo se ha pasado con armas y bagajes al sector ultramontano de su partido, aquel que considera que la única forma de retornar al poder es mantener con insistencia un discurso duro, capaz de generar, aprovechando la grave crisis económica que nos asola, un feroz enfrentamiento social y una insoportable crispación política. Más preocupante todavía, pero también más clarificador, es la reivindicación que Feijóo realizó del modelo Aznar. Sinceramente, creo que el efecto euforizante de las últimas encuestas le ha hecho perder la prudencia y, creyendo que ha llegado el momento de sacar las máscaras, empieza a aparecer el verdadero rostro político de Feijóo. Pero aunque al presidente de la Xunta le resulte incomprensible, y pese al indiscutible desgaste del Gobierno socialista, los ciudadanos no queremos retornar a una etapa -la del aznarismo- en la que la restricción al debate político era norma; en la que el adversario era considerado un enemigo; en la que el discrepante era descalificado política y moralmente y en la que expresar un simple matiz con la línea oficial o gubernamental era considerado un síntoma que anunciaba la reencarnación de la antipatria de otros y desdichados tiempos. En todo caso, Feijóo ha de saber que él "cuanto peor, mejor" no ha sido nunca una divisa democrática.

Más preocupante, pero clarificadora, es la reivindicación que Feijóo realizó del modelo Aznar

Pero en su periplo andaluz, nuestro desinhibido presidente no se ha parado ahí. Aprovechando el entusiasmo de sus seguidores ha reclamado elecciones anticipadas. Pero es evidente que cuando un político de su nivel solicita un adelanto electoral, en mitad de la legislatura y en el contexto de una seria crisis nacional, es porque su partido dispone de un proyecto y de un programa alternativo sólido y fiable. Y reconocerá Feijóo que nada de esto conoce la sociedad española. Pongamos algunos ejemplos que confirmarán, creo, tal afirmación. Si el PP se opone al programa de ajuste del Gobierno y al mismo tiempo se niega a incrementar los ingresos del Estado (subida de determinados impuestos), ¿cuál es su programa de lucha contra el déficit? Teniendo en cuenta su oposición cerrada al proyecto gubernamental, ¿se deduce acaso que si el PP ganase las próximas elecciones generales derogaría inmediatamente el decreto aprobado por el Ejecutivo y restablecería el poder adquisitivo de los pensionistas y de los empleados públicos? Por supuesto, nada de esto nos aclara el presidente de la Xunta. ¿Por qué se niega Feijóo y su partido a subir los impuestos a las rentas más altas, medida que no sólo incrementaría los ingresos del Estado, sino que también ayudaría a repartir de forma más justa las cargas para salir de la crisis? Mas allá de reducir gastos superfluos, recortar asesorías o cargos de libre designación -todo ello necesario pero abiertamente insuficiente-, ¿cuáles son los recortes de gasto que propone el PP? ¿En qué cuantías y en que partidas? ¿Cuáles son las medidas del PP para combatir el escandaloso fraude fiscal existente en España? ¿Cuál es el contenido de las reformas estructurales que propone, y en particular cuál es el contenido de la reforma laboral que defiende el partido conservador? Tampoco a todo esto contesta Feijóo. Pero los hechos responden por él. Porque, en efecto, cuando en Galicia tiene que realizar un ajuste de más de 200 millones de euros, no recurre, como hacen los catalanes, a subir el tipo marginal en el tramo autonómico del IRPF del 43% al 50% para las rentas superiores a 100.000 euros, o a reducir los conciertos con la sanidad y la enseñanza privadas, sino que recorta las partidas destinadas a la inversión o a la sanidad y enseñanza públicas. Estos son los hechos. Todo lo demás, palabrería para incautos.

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