"Hay municipios que no podrán pagar servicios que han asumido"

No se ha cansado de decir que las leyes de Autonomía Local y Participación en los Tributos de la comunidad constituyen un hecho histórico que marcará tendencia. Sin embargo, la llegada de este marco legal tan deseado por los ayuntamientos no coincide con el momento económico. Luis Pizarro (Alcalá de los Gazules, Cádiz, 62 años) advierte que algunos no podrán pagar los servicios que han ido asumiendo.

Pregunta. Ha comparado la aprobación de estas leyes con la consecución de la autonomía.

Respuesta. Son dos leyes que los alcaldes vienen reivindicando desde 1979: por un lado el reconocimiento de la autonomía respecto a otras administraciones y, por otro, una financiación sobre la base de la participación de los tributos de Andalucía. Se garantizan unos recursos muy importantes. De hecho, a partir de 2011 los municipios van a recibir 420 millones de euros (el doble de lo que reciben ahora por los fondos de nivelación) y 600 millones en 2014.

"Soy muy partidario del papel de las diputaciones provinciales"

"Los directivos públicos no pueden cobrar por encima del mercado"

P. ¿Deberán ahora responsabilizarse más de su gestión?

R. Hay una idea que dejar clara: no se da solución a la financiación, que tiene que venir de una ley estatal donde se resuelvan de una vez por todas las carencias. Sin embargo, a partir de ahora los ayuntamientos van a tener que asumir también una parte importante de responsabilidad, porque se les transfieren recursos muy importantes. Van a tener que adaptarse a los ingresos procedentes de sus tasas e impuestos y de los fondos del Estado y la Junta. Es decir, adecuar sus gastos a sus ingresos. Indudablemente, va a continuar la colaboración con la Junta para sacar adelante proyectos para los que no tienen capacidad.

P. La burbuja inmobiliaria ha nutrido estos años a muchos municipios de dinero.

R. Eso nos ha ocurrido prácticamente a todas las administraciones. Es cierto que han recibido muchos ingresos por el desarrollo urbanístico y, a veces, han tenido que suplir la falta de ingresos con estos fondos. La realidad es que, cuando la construcción ha caído, es muy difícil dar respuesta y poder pagar las competencias y servicios que han asumido. Algunos lo están pasando francamente mal.

P. El rechazo del PP y de IU se fundamenta en la falta de recursos.

R. Tanto el presidente de la Junta como yo, nos hemos cansado de decir que no estábamos impulsando estas dos leyes para resolver la financiación local de Andalucía. ¿IU y el PP? Lo que han hecho es plantear un debate sin sentido. El PP tenía claro que no las iba a apoyar porque la consigna de Javier Arenas es el no a todo.

P. Con IU se ha sentido usted muy dolido.

R. IU va a tener muy difícil explicar cuando pase un tiempo que tuvo una oportunidad histórica y que por pura estrategia política al final dijo que no. Ha sido una sorpresa muy desagradable. Diego Valderas sabe, igual que yo, que la inmensa mayoría de los alcaldes de IU estaba en la posición del PSOE.

P. ¿Cree que el rechazo de la oposición le resta legitimidad?

R. Para nada. Desde el punto de vista del consenso y de lo que sienten los alcaldes... Otra cosa es lo que sienten los representantes de los partidos. Las direcciones regionales de PP e IU no coinciden con lo que sus alcaldes han dicho en la FAMP (Federación Andaluza de Municipios), con la que hemos llegado a un acuerdo total. Eso sí le da una gran legitimidad. Y se va a ver la gran contradicción cuando los alcaldes de PP e IU tengan que solicitar la aplicación del nuevo sistema de financiación: el 100% lo va a pedir.

P. El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, ha dicho que las diputaciones deberían convertirse en empresas de servicios de los ayuntamientos.

R. Yo es que soy muy partidario de las diputaciones y estoy muy satisfecho de cómo han quedado reflejadas en la Ley de Autonomía Local. Soy de los convencidos de que las diputaciones sustentan el funcionamiento de los ayuntamientos pequeños. Habría muchos que, si no fuera por ellas, tendrían mucha dificultad para sobrevivir.

P. ¿Los sueldos se deben regular por ley o por un acuerdo en el seno de la FAMP?

R. Es cierto que hay sueldos de alcaldes y de directivos públicos realmente exagerados, eso se tiene que racionalizar y ahora es el momento. Siempre he dicho que era mucho mejor regularlo por la vía de un acuerdo dentro de la FAMP que por una ley porque si no, estamos conculcando la autonomía municipal. Toscano ha hecho una propuesta ponderada, se discute, se aprueba una moción y se lleva a todos los ayuntamientos.

P. ¿Qué le ha podido pasar por la cabeza a los responsables políticos para que se vean sueldos públicos como el del directivo de Sevilla Manuel Marchena, de 170.000 euros anuales?

R. Imagino que los alcaldes habrán tenido en consideración los sueldos en los mercados.

P. Sí, pero es que el dinero es de los contribuyentes, en las empresas privadas el dinero es suyo.

R. También es cierto que hay empresas públicas que requieren una cualificación profesional. Ahí tiene que estar la mesura, lo que no es correcto es que un responsable de una empresa pública esté ganando muy por encima de una empresa privada similar. Hay que hacer un ejercicio de autocrítica y ahora es el momento de racionalizar a través del acuerdo de la FAMP o por los propios alcaldes.