Consumatum est

El actual Gobierno de la Xunta ha consumado lo que muchos veníamos temiendo desde hace tiempo, y el nuevo decreto sobre el llamado plurilingüismo ya está en el Diario Oficial de Galicia desde el día 25 de mayo del año en curso. Transgrede todas las leyes imaginables en el tema de las lenguas propias (o minoritarias o minorizadas) y es un reto al Tribunal Constitucional, a la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias firmada por el Reino de España el 9 de abril de 2001, con entrada en vigor el 1 de agosto del mismo año, y a la que España se debe. Y además de todo eso es también, digo, un reto al sentido común político.

Una disposición de la Carta de las Lenguas, que ya subrayé en otra ocasión, merece ser repetida: "En materia de enseñanza, las partes se comprometen, en lo que concierne al territorio sobre el cual esas lenguas son practicadas, según la situación de cada una de esas lenguas y sin perjuicio de la enseñanza de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado: a prever una educación preescolar asegurada en las lenguas regionales o minoritarias en cuestión; o a prever que una parte sustancial de la educación preescolar sea asegurada en las lenguas regionales o minoritarias en cuestión".

El decreto del gallego, más allá de partidismos, es impresentable política y jurídicamente

Nada de esto ocurre en el nuevo decreto, en el que se deja a la lengua de la mayoría o del contorno del centro escolar la prioridad de la lengua a seguir, sin tener en cuenta que se trata precisamente de eso, de intentar que en aquellos lugares en que el gallego sea secundario e incluso irrelevante (centros urbanos, pero también periferias urbanas) el gallego crezca y tenga futuro. Ese es el objetivo de la Carta, de la Constitución y del Estatuto.

Hasta tal punto la Carta a la que nos debemos tiene en cuenta estas realidades pragmáticas (condiciones de aprendizaje real de la lengua recuperable, en este caso nuestra lengua propia), que llega a decir, con absoluta claridad: "Las partes se comprometen a eliminar, si aún no lo han hecho, todo distinción, exclusión, restricción o preferencia injustificadas sobre la práctica de una lengua regional o minoritaria y que tengan como objetivo desestimular o poner en peligro el mantenimiento o el desarrollo de la misma. Y continúa (atiéndase especialmente a esto): "La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de esas lenguas y el resto de la población o destinadas a tener en cuenta sus situaciones particulares, no es considerado como un acto de discriminación hacia los hablantes de las lenguas más extendidas".

Este es el espíritu y la letra de la Carta, y en esa línea conservacionista va el Estatuto cuando dice: "Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento". O la Constitución: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección". Nada de esto está en el decreto que se presenta como igualitario (qué inmensa falacia) y que decidirá negativamente la suerte de la lengua propia de Galicia si dura como decreto mucho tiempo. Y, una vez más, la eterna pregunta para un país complejo, arrasado históricamente y con enormes posibilidades de ir a peor: ¿está Galicia dispuesta a perder también su lengua tras haber consentido la ruina de sus costas, el deterioro histórico de sus villas, el deterioro y vulgarización de sus ciudades y la destrucción de buena parte de su medio natural? Contesten a eso y ahórrennos problemas y trabajos, tan arduos, por cierto.

El dramatismo de esta pregunta está perfectamente justificado, y quiere ser una llamada a la responsabilidad colectiva desde cualquier perspectiva política, más allá de partidismos, por tanto. Ningún partido está a salvo de criticas (incluso de fuertes criticas) por su gestión en diversos temas. El suelo o la costa son en este sentido paradigmáticos. Pero la lengua es un caso especial en el que la última derecha posfraguista se ha mostrado más dispuesta a pactar (lo ha hecho) con grupos de opinión de extrema derecha que con las grandes mayorías parlamentarias socialistas y nacionalistas. ¿Por qué? El decreto, más allá también de cualquier partidismo, es sencillamente impresentable en perspectiva política, jurídica o científico-recuperacionista, y coloca al PP en un lugar que, a medio plazo, le va a resultar indeseable y casi imposible de remover, a modo de hipoteca simbólica sobre Galicia y sobre el gallego que tendrá que pagar en incómodos plazos. Todos perdemos con este decreto al que se va a oponer, sin duda, una mayoría de la población. Ojalá lleguemos a tiempo para ir evitando lo peor para nuestra lengua propia. Malos tiempos para la lírica y aún peores para el dinero. Es la hora de la conciencia cívica en marcha.