Especuladores y oportunistas

La crisis financiera derivada de un sistema sin regulación e inversores sin escrúpulos, provocó una crisis económica que obligó a todos los gobiernos del mundo a adoptar medidas de rescate del sistema financiero y de estímulo de la demanda. Se aplicaron políticas keynesianas de apoyo a desempleados y empresas, se impulsó la inversión pública y se iniciaron tímidas reformas estructurales. Era obvio que estas políticas contracíclicas supondrían un incremento del déficit público, tanto mayor cuanto mayor fuese la destrucción de empleo, de modo que sería imprescindible aplicar, una vez superado el bache, planes de austeridad para recuperar la estabilidad presupuestaria. La duda, tanto de analistas como de gobiernos, se centra en el momento adecuado para implementar estas políticas de ajuste ya que eliminar los estímulos fiscales y la inversión pública pueden suponer un freno a la incipiente recuperación económica.

Arrecia la tormenta pero Feijóo ofrece demagogia e insolidaridad: todo le vale con tal de gobernar

En España la virulencia de la crisis y el intenso incremento del desempleo, hasta situarse en el 20%, provocaron el rápido incremento del déficit público hasta el 11,4% del PIB en 2009, aunque se mantiene la deuda pública 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. El Gobierno, al igual que prácticamente todos los países europeos, programa recortes en las políticas de gasto para hacer frente a los ataques especulativos a España y al euro. Medidas impopulares pero necesarias en la actual coyuntura, si bien la incógnita continúa siendo el efecto sobre el empleo y la recuperación económica.

Congelar las pensiones más altas, realizar rebajas proporcionales a los ingresos a los funcionarios o reducir inversiones, son medidas tomadas para reducir el gasto sin perjudicar todavía más un mercado laboral que con un 20% de desempleados soporta el peso de las políticas de ajuste. Recortes que recaen sobre colectivos que mejoraron su posición en los seis últimos años, al subir las pensiones más de un 30%, incrementarse el salario de los funcionarios un 15,9% o reconocerse el derecho a la dependencia. Medidas duras que deberían ir acompañadas de la regulación de los movimientos especulativos de capital, de la lucha contra el fraude fiscal, de reformas del mercado laboral, financiero y energético o de la redistribución de renta y riqueza para que las consecuencias de esta crisis no recaigan sólo sobre los asalariados.

En esta situación, la receta conservadora ante la crisis tiene un claro ejemplo en Galicia. A pesar de liderar el crecimiento del desempleo en el último trimestre, con más de 233.000 parados registrados y una tasa de desempleo del 15,45%, el Gobierno de Feijoo presume de gestión y de control del déficit. Un gobierno que da la espalda a los problemas del país, porque abandona las políticas de reactivación económica, las iniciativas para la recuperación de empleo, paraliza las obras públicas, olvida sus prometidas rebajas fiscales, privatiza infraestructuras y deteriora servicios, como si no fuesen también su responsabilidad los desempleados, empresas y familias gallegas.

Desde su llegada a la Xunta, Feijoo intenta situar la responsabilidad de los problemas de Galicia en el exterior, como si nuestra Autonomía no tuviera competencias. Sirva como ejemplo, el ajuste a la baja en la previsión de crecimiento de la economía gallega como supuesta consecuencia del recorte del Gobierno de España. Anuncio realizado para poner la venda antes de la herida e intentar ocultar su ineficacia en la gestión del Xacobeo y la incapacidad de un Gobierno que observa como un mero espectador el incremento del 20% de la tasa de desempleo y la caída de la actividad.

La derecha insolidaria de Feijoo, en su afán de hacer méritos mas allá de Pedrafita, ante los ajuste de gasto afirmó que "España esta intervenida" y que tomará medidas de ajuste interno cuando el déficit del Gobierno central se acerque al de la Xunta. Es de suponer que el presidente se ha enterado de que toda Europa acordó destinar 750.000 millones de euros a defender su moneda de ataques especulativos, que existen planes de estabilidad y que todos los países de la zona euro ajustan sus cuentas. Pero es más, debería abandonar la demagogia de comparar el déficit de España y Galicia, ya que el gasto del Gobierno central permite mantener un país plural, solidario y descentralizado que garantiza las pensiones, avanza en derechos, mejora el sistema de financiación autonómica o financia unas infraestructuras que Feijoo en Galicia exige priorizar mientras la derecha conservadora defiende recortar. Un gasto público que paga los seguros de desempleo a trabajadores y autónomos, incluidos los gallegos, y que representa hoy el 3% del PIB español, es decir, una parte sustancial del déficit actual.

En este contexto de extrema dificultad internacional la oposición conservadora, en lugar de arrimar el hombro y contribuir a dar confianza a los mercados, se apunta al "cuanto peor, mejor" y critica hoy los recortes de gastos que lleva tiempo pidiendo. Cuando arrecia la tormenta financiera y es preciso generar confianza y dar imagen de solvencia y cohesión, el principal partido de la oposición y el presidente Feijoo responden con insolidaridad, oportunismo y demagogia, demostrando una vez más que para la derecha todo vale con tal de gobernar.

María José Caride es portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista