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Grupos antiabortistas aplauden la ley de familia que prepara Benestar

El colectivo Red Madre elogia la norma, "tan progresista que es hasta subversiva"

El proyecto de ley de apoyo a la familia que presentó la semana pasada la Conselleria de Traballo e Benestar ya tiene un respaldo garantizado: el de los grupos antiabortistas. La norma es "tan progresista que es hasta subversiva" alega Coloma Viúdez, portavoz del colectivo Red Madre, que se muestra encantado con que el proyecto obligue a la Xunta a organizar campañas de sensibilización para niños y adolescentes sobre "la importancia de la protección del derecho a la vida en formación".

El texto aborda "preocupaciones fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la vida y el apoyo a la mujer embarazada", defiende. El carácter revolucionario de la norma vendría dado, "porque se opone al pensamiento político dominante en este momento de que los hijos son una carga" y se pone al día en "cuestiones biológicas fundamentales". "Estamos contentos", resume.

PSOE y BNG tuvieron dificultades para acceder al texto de la ley

Viúdez fue la encargada de defender el año pasado la iniciativa legislativa popular que la Red Madre promovió -dentro de una campaña a escala estatal patrocinada por el Foro Español de la Familia, un grupo vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas- una ley de apoyo a mujeres embarazadas que se tomó en consideración gracias a los votos del PP, y que planeaba establecer conciertos entre la Xunta y organizaciones privadas para que éstas asesorasen a las gestantes sobre cómo encarar el embarazo. Para discutir esa norma, distinta de la que presentó Benestar la semana pasada, se constituyó una ponencia de los grupos parlamentarios de la que sólo se había celebrado una reunión. El PP quiere ahora reactivarla y ha convocado otro encuentro para el próximo martes.

Los partidos de la oposición se oponen a ambos proyectos. Beatriz Sestayo, responsable de Benestar Social del PSdeG, cree que la Xunta quiere "legislar contra el legislador", en referencia a la ley de plazos para la interrupción del embarazo que aprobó el Parlamento estatal. "Lo que están haciendo es una ley antiaborto", asegura, al tiempo que critica que Benestar presentase el proyecto en un acto público antes de llevarlo al Parlamento. Las referencias al "derecho a la vida en formación" obedecen, a su entender, a los presiones de los grupos de derecha. "Gobiernan para los suyos y esto es lo que hay", se queja, y avisa de que ha pedido a la conselleira que comparezca en la Cámara para explicar la norma.

Tanto los socialistas como el BNG señalaron ayer sus dificultades para acceder al texto, que la Red Madre ya tenía el lunes. La portavoz nacionalista de Igualdade en el Parlamento, Ana Pontón, asegura que en su grupo no recibieron la ley hasta ayer.

Sobre la controvertida referencia a la vida en formación, sostiene que es "un derecho nuevo que se acaba de inventar el PP", y acusa al partido de "alinearse con los grupos extremistas, que tienen una confusión con los derechos de las mujeres", apunta.

Las campañas que anuncia la ley "no tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres, y cuestionan su capacidad de decidir sobre su cuerpo", aduce. "En el BNG defendemos sus derechos sexuales y reproductivos", remacha.

El proyecto omite cualquier mención a estos derechos y opta, en cambio, por establecer como principio rector de las políticas públicas sobre maternidad la "protección institucional del derecho a la vida". Viúdez aplaude este precepto y defiende que el enfoque es positivo y repite la consigna: "El hijo es un ser humano que merece toda consideración". De la interrupción del embarazo dice que es "matar a un hijo" y sostiene que conlleva graves consecuencias psicológicas para la madre.

PSOE y BNG protestan además, por extensión, por la actitud del PP y la Xunta respecto a los servicios sociales. "Sorprende que tengan un discurso tan defensor de la familia y que después en la práctica no apliquen las medidas que recetan", alega Pontón, que acusa al Ejecutivo de apostar por la privatización de las prestaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 27 de mayo de 2010