Magdalena y el cura

La voz de aquel ejecutivo sonó meliflua pero sutilmente amenazadora a través del hilo telefónico: "He hablado con Polanco".

El recurso no era muy original. Lo había escuchado otras veces. Te dicen que han hablado con tu jefe para que te pongas a temblar y no publiques lo que tienes entre manos.

Era la tarde del viernes 27 de mayo de 2005. Hacía calor en Sevilla. Pero no me llevé ningún sofoco. Mi jefe me había dicho: si la información es exacta, adelante.

Al día siguiente, titulábamos a cuatro columnas en este periódico: "Un informe del Banco de España insta a Cajasur a revisar sus cuentas y alerta del riesgo de inversiones".

El ejecutivo de voz amenazante, Diego Jordano, director general de Servicios Institucionales y Jurídicos de Cajasur y ex secretario general del PP de Andalucía, calificó la información de "falsa". Dos días después, se tragaba sus palabras: Cajasur reconocía que un informe del Banco de España advertía del alto riesgo contraído en el sector inmobiliario, de la alta tasa de morosidad y de la necesidad de realizar dotaciones de fondos para hacer frente a esos riesgos.

Mañana se cumplen cinco años exactos de aquella información desvelada por este periódico. Aquel pecado venial se ha convertido en un pecado mortal... de necesidad.

Cajasur ha sido intervenida por el Banco de España. Se venderá al mejor postor o, si nadie la quiere, se liquidará.

La caja presenta ahora las mismas dolencias de entonces, aunque mucho más graves: mayor morosidad, mayor riesgo en el ladrillo y bajísimo nivel de solvencia. Sus perdidas el pasado año eran de 596 millones; en este ya lleva perdidos otros 154. La caja se desangra a un ritmo de 40 millones mensuales.

¿Nadie había alertado de la gravísima deriva que tomó Cajasur, bajo el mando durante 29 años del cura Miguel Castillejo, conocido como Fray Langostino, por su afición desmesurada al buen marisco?

Sí. Hubo quien denunció, hace la friolera de siete años, el desgobierno de la caja: Magdalena Álvarez.

La entonces consejera de Economía presentó en febrero de 2003 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de falsedad documental y apropiación indebida de 10,3 millones de euros de la obra social de la caja. Ese dinero fue repartido por el cura Castillejo entre consejeros en concepto de dietas por asistir a actos tan fundamentales para el desarrollo de una entidad financiera como ir a misa, al cine o a un concierto. O se compraron joyas. El propio Castillejo se regaló un generoso plan de pensiones de 2,9 millones de euros, que heredarán sus hermanas cuando él desaparezca.

El entonces fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo inició una investigación. El fiscal general del Estado (nombrado por el PP), Jesús Cardenal, lo cesó cinco meses después. Lo sustituyó Antonio Salinas. Se cerró el caso. ¡Cómo iba a permitir Cardenal que se investigara a la Iglesia, siendo un fervoroso miembro del Opus Dei!

Esos días, entrevisté a Magdalena Álvarez. "Mi obligación era presentar la denuncia, porque entendí que entraba en el ámbito de lo penal; si el fiscal la ha cerrado, es cuestión suya", me dijo. La consejera cumplió con su deber.

Quienes no cumplieron con el suyo fueron, por este orden, el cura Castillejo, los canónigos del consejo, los sucesivos obispos de Córdoba. El Banco de España, que conocía desde hace años el descontrol creciente de la entidad y lo toleró. El PP que, desde Jordano al actual presidente provincial, José Antonio Nieto, impidieron una salida digna a la entidad cordobesa, por ejemplo, mediante la fusión con Unicaja.

Al final, canónigos y peperos han preferido una caja rota a una caja roja. Un estropicio que costará a los contribuyentes, como mínimo, 523 millones de euros.

¿A quién van a amenazar ahora por teléfono?