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Las ONG denuncian recortes y opacidad en la ayuda al desarrollo

El compromiso de destinar un 0,7% del presupuesto se queda en un 0,21%

Ni los criterios de puntuación están claros, ni las evaluaciones son públicas, ni se cumple el compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto de la Generalitat a la ayuda al desarrollo.

Las principales Organizaciones No Gubernamentales, agrupadas en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana, han cargado abiertamente contra el reparto de las subvenciones de cooperación internacional de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que ha repartido 13,5 millones de euros. Hace falta "más transparencia y más información", sostienen. Esta queja se suma al mar de fondo existente entre las ONG y una consejería que ha tomado medidas unilaterales, como la tasa Blasco -un impuesto del 1% de las ayudas que tienen que destinar las entidades a una agencia de comunicación elegida unilateralmente por la consejería- y que sufre constantes bandazos en su rumbo: ha cambiado tres veces de responsable de cooperación en tres años.

Intermón Oxfam o Médicos del Mundo se han visto perjudicadas
Entre las que más fondos han obtenido hay ONG ligadas al Partido Popular

"Nos sorprendió bastante", comenta Cristina Ramón, presidenta de la coordinadora, en relación al listado de entidades a las que se han subvencionado proyectos de cooperación al desarrollo. "Importantes ONG de reconocida trayectoria e implantación social en la Comunidad Valenciana se han quedado fuera, frente a otras sin apenas peso". Entre las entidades con solera marginadas se encuentran Intermón Oxfam o Médicos del Mundo. También ACSUR Las Segovias, la Fundación CEPS, Petjades, o Médicos Mundi.

Otras, como la Fundación Humanismo y Democracia, que preside Rafael Rodríguez Ponga, secretario nacional de Participación Social del PP, han recibido 449.100 euros (una de las subvenciones más elevadas) para el desarrollo de sistemas productivos de 37 familias de Bolivia. También ha obtenido fondos la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, que agrupa a escuelas católicas. En este caso 232.988 euros para construir un centro de rehabilitación en Perú. Organizaciones de corte progresista o próximas al PSOE, como Fiadelso, Solidaridad Internacional o el Movimiento por la Paz (MPDL) se han quedado sin ayudas.

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Para la coordinadora existen diversos problemas. Por un lado, la subjetividad de la puntuación, que corresponde a la consejería, que decanta en muchas ocasiones la decisión final y (aquí está otra de las reivindicaciones) que no es pública. "La consejería debería comunicar la valoración que concede de cada una de las asociaciones", comentan desde la coordinadora, entidad que agrupa a 110 organizaciones y que es la segunda de mayor peso de toda España.

El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Josep María Felip, sostiene que en la resolución se han seguido los criterios establecidos en la convocatoria de ayudas "pactados con las ONG" e indica a este diario que los expedientes "están a disposición de las entidades". Felip apunta que "el problema no es tanto los criterios, sino el recorte de crédito del 30% de la cantidad inicial destinada a cooperación para este año, en línea de las decisiones tomadas a nivel estatal", lo que ha elevado la competencia entre entidades y la dificultad de conseguir subvenciones.

El recorte al que hace alusión el responsable de cooperación de la consejería es otro de los motivos de queja de las entidades, que, por otra parte, niegan haber pactado el contenido de la convocatoria. Al 30% de tijeretazo que cita Felip se suma la reducción del presupuesto de 2010 con respecto al de 2009. El resultado de ello es que "las ayudas se han reducido a la mitad respecto al año pasado", sostiene Cristina Ramón. Todo ello ha dado como resultado que el porcentaje destinado a la ayuda a los países en desarrollo sea para este año el 0,21% del presupuesto de la Generalitat, como denuncia la coordinadora, muy lejos del 0,7% al que se comprometieron los partidos políticos y al que, además, obliga la Ley Valenciana de Cooperación.

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