Esfuerzos colectivos

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante la entrega de los premios Arquímedes, ha señalado los criterios generales que van a marcar las medidas complementarias del Gobierno andaluz sobre el control del gasto público recogidas en el decreto del Ejecutivo central. Dice que no descarta ningún tipo de medida, si bien su intención es que no afecte a las políticas sociales e indica el camino a seguir: mayor gravamen fiscal a las rentas y patrimonios más altos. También anuncia recortes en las retribuciones de los funcionarios y de los trabajadores de las empresas públicas.

Los sindicatos consideran que esta reducción de salarios supone una quiebra del derecho a la negociación colectiva y un retroceso en las relaciones laborales en España. El PP, mientras, está de espectador. Observa la crisis como si no fuera con ellos. No aporta solución alguna, salvo aquellas que supongan reducción de los impuestos.

La llamada paz social, probablemente, se quebrará. Manifestaciones y expresiones en contra de acuerdos que afectan a nuestros bolsillos aguardan en el corto plazo. Es normal que ocurra así. Llevamos más de dos años sin que se hable francamente de que estamos en situación de crisis. No ha existido comunicación con los ciudadanos. Hemos pasado de una situación de incertidumbre, marcada por el antagonismo entre la realidad económica y las manifestaciones políticas, a una situación en la que conocemos a fondo que estamos en período de recesión. Ya lo sabemos. Somos conscientes y, si no lo éramos, las autoridades monetarias y fiscales europeas e internacionales nos lo han hecho saber. Los Gobiernos, uno y otro, ya no están solo preocupados, sino que están ocupados. Quieren salir de la recesión y todas sus decisiones se consideran acertadas por las mismas autoridades internacionales que advertían de la crisis.

En esta lectura observo la política económica que anuncia el presidente de la Junta. Es clara, decidida e intenta respetar las políticas sociales. Son las más necesitadas en tiempo de crisis. Es la única forma de recuperar credibilidad y confianza. Trasladar a los ciudadanos la verdad y la profundidad de la recesión. Hay que alejar, para que esta credibilidad aumente, cualquier relajación y tolerancia con los responsables económicos de bienes sociales y públicos.

Cajasur y los administradores que la han llevado a la intervención no son más que unos ejemplos de muchos otros que pueden llegar, a la vista de la impunidad con la que se han desenvuelto los miembros del consejo de administración. Hay que actuar legalmente frente a los responsables. Los sacrificios que se exigen a la inmensa mayoría de los ciudadanos son menos sacrificios si se exigen también a los que más tienen y a los responsables económicos de tanto despilfarro.

Y en esta situación, que no espere el Gobierno ayuda alguna de la oposición. El PP sólo está pendiente de que la crisis -que no su política económica- les ayude a alcanzar el Gobierno. Sólo se entrega al descontento de los ciudadanos para, a través de este descontento, llegar al Gobierno. De ahí la importancia de que los ciudadanos avancen en el conocimiento de la crisis, en su profundidad y en la eficacia de las medidas adoptadas.

Ciertamente que, con las últimas posiciones sindicales, será difícil que no se entre en conflicto con los agentes sociales a mayor satisfacción de la derecha, que también puede intentar instrumentalizar y rentabilizar el descontento sindical. Algo que, sin duda, los sindicatos tendrán presente para equilibrar el objetivo final de salir de la recesión que exige un esfuerzo generalizado y sus intereses en defensa de los convenios colectivos públicos. Nadie duda de que tengan fuerza de ley, pero tendrá que conjugarse su subordinación al principio constitucional de jerarquía normativa y a la función pública de estas empresas. Después de todo lo que está en juego no es un Gobierno determinado sino los principios de centro izquierda que representan uno y otro grupo político, tan opuestos. Tendrán que saber elegir.