Santiago acude a una empresa pública para retirar la basura

El Ayuntamiento de Santiago recurre a la empresa pública Tragsa para mantener a raya las consecuencias de la huelga de limpieza en la ciudad. La concesionaria del servicio de recogida de basuras, la empresa Urbaser, informó ayer al gobierno municipal de que, con los trabajadores que tiene disponibles, no puede cumplir con el nuevo decreto de servicios mínimos firmado el miércoles por el alcalde, que exige que no queden en la calle más residuos que los correspondientes a cuatro días para evitar que se comprometa la salud pública.

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, solicitó a la Delegación del Gobierno la intervención de Tragsa, que comenzará a limpiar las calles mañana a partir de las ocho de la tarde. Para el regidor esta medida no supone ningún perjuicio en la presión de los trabajadores, ya que será Urbaser la encargada de pagar la factura.

Para el comité de empresa esta medida "es ilegal" porque "vulnera" su derecho a la huelga. Por ello, si operarios de Tragsa comienzan a retirar basura emprenderán acciones legales. "Los que tenemos que hacer el trabajo somos nosotros. No lo vamos a consentir", advirtió el presidente del comité, Valentín Nieves. Los trabajos de Tragsa se mantendrán aunque se llegue a un acuerdo, explicó la concejala de Servicios, Marta Álvarez-Santullano.

Hoy, empresa y comité celebran una reunión ante el Consello de Relacións Laborais tras días sin contactos. Los trabajadores no saben si Urbaser está dispuesta a negociar sobre su última propuesta -librar dos fines de semana al mes con las mismas horas de trabajo que ahora- pero la negociación no comenzará si la empresa se niega a readmitir a tres operarios que ayer recibieron una carta de despido. Nieves explicó que un trabajador fue despedido por haber sido identificado hace un par de días con una garrafa de gasolina, mientras que a los otros dos operarios se les acusa de falta de rendimiento.

El Valedor do Pobo ha abierto una investigación de oficio sobre la huelga. Benigno López ha pedido al Ayuntamiento un escrito en el que le informe de cómo está la situación y las actuaciones previstas por el gobierno municipal para mantener la salubridad y la seguridad públicas. Desde la Xunta también se elaborará un informe a petición del Ayuntamiento para saber si los efectos de la huelga pueden dañar la salud pública.