El PP y el PNV convierten la causa en su primera gran batalla por Álava
Socialistas y populares ven cada vez más cercana una comisión de investigación
El caso De Miguel, la supuesta trama de corrupción urbanística en la que están imputados 11 destacados militantes y ex cargos públicos del PNV, se ha convertido ya en el primer campo de batalla entre este partido y el PP por el control de las principales instituciones de la provincia en los comicios de 2011. El levantamiento anteayer del secreto del sumario, que ha permitido conocer la imputación de otras personas, entre ellas dos ex altos cargos de los gobiernos de Juan José Ibarretxe, no ha hecho sino subir el tono del enfrentamiento público entre ambas formaciones, a un año vista de las elecciones municipales y forales. Álava es la principal aspiración del PP ante esa cita.
Alonso pide que se investigue si "la extorsión" se extendió fuera de Álava
Agirre deplora el "carroñerismo político" de los populares
Los propios partidos creen que esta tensión se va a elevar sustancialmente a medida que los abogados personados en el caso vayan estudiando el contenido del sumario, que supera ya los 4.700 folios. La causa se ha complicado al aumentar además el número de supuestos delitos de que se acusa a los 11 imputados. Tras la operación de la Ertzaintza del pasado 17 de marzo, los primeros ocho imputados, entre ellos Alfredo de Miguel, entonces diputado de Administración Local y mano derecha del diputado general alavés, Xabier Agirre, los delitos de que les acusaba eran tráfico de influencias y blanqueo. Dos meses después el juez instructor ha sumado los de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
Ese cambio y la imputación de dos ex altos cargos del tripartito, el ex viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga y el anterior responsable de la Red de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, lleva a socialistas y a populares a pensar claramente en la posibilidad de poner en marcha -suman los votos necesarios para ello- una comisión de investigación parlamentaria.
El PSE, que presta apoyo presupuestario al Ejecutivo de Agirre, considera que las nuevas imputaciones suponen un salto cualitativo en la causa. "Hemos querido actuar con prudencia en este asunto, preservando la presunción de inocencia de las personas encausadas, pero ya dijimos que vamos a ser contundentes si el sumario arroja datos preocupantes y lo está haciendo", señaló ayer a EL PAÍS el portavoz socialista, José Antonio Pastor. Los miembros de las ejecutivas vasca y alavesa de su partido lo estudiarán en "una ronda informal" la próxima semana con el objetivo de tomar una posición unificada que permita afrontar mejor "esta nueva fase" de la causa.
El PP se encuentra en un proceso de reflexión similar. Aunque todavía no hay una decisión tomada, fuentes parlamentarias y de la dirección del partido reconocieron a este periódico que manejan claramente la posibilidad de citar la creación de esa comisión, informa Javier Rivas. El PP tiene a varios responsables analizando la causa y, aunque esperan a conocer en detalle las acusaciones incluidas en el sumario, ven muy factible terminar tomando tal decisión.
De momento, los populares ya han elevado exponencialmente el tono de sus críticas y el alcance de sus sospechas. El presidente del partido en Álava, Alfonso Alonso, pidió ayer a los investigadores que "tiren del hilo" para saber si además de "la extorsión a empresarios" supuestamente practicada en Álava, "se ha extendido de manera sistemática por responsables del PNV, a otros ámbitos, a otras provincias y a otros parques" tecnológicos tras lo descubierto en relación con el de Miñano.
El PNV no tardó en descalificarle. El propio Agirre deploró el "carroñerismo político" del PP y pidió prudencia hasta que se conozcan los detalles de la causa. "Si las acusaciones se demuestran pediremos que caiga sobre los acusados todo el peso de la ley", recalcó el diputado general, cuyo partido teme sobre todo verse afectado por un escándalo de corrupción en puertas de la cita en las urnas.
La creación de una comisión de investigación coincidiría de lleno con el calendario preelectoral de los partidos. Casi no queda tiempo para ponerla en marcha antes de que concluya el proximo mes de junio, cuando acaba el periodo ordinario de sesiones, por lo que no echaría a andar como mínimo hasta septiembre y sus trabajos podrían rebasar el presente año, con los partidos enfrascados de lleno en la pugna electoral.
Las defensas analizan las imputaciones
Las partes interesadas en la causa abierta en la Audiencia Provincial de Álava por la supuesta existencia de una red de corrupción se asomarán desde mañana a los 19 primeros tomos de la investigación. A partir de ese momento se inicia un largo camino judicial cuya estación término es imposible ahora determinar. La complejidad de la instrucción seguida, el volumen de la documentación requisada y la apertura de nuevas indagaciones desbaratan cualquier previsión sobre el signo de este proceso. Así se cruzarán las estrategias sobre el devenir de un sumario que encarna la lógica expectación social y política.
Los abogados defensores de los once imputados deberán rastrear individualmente la documentación que consideren determinante para sus protegidos. Una vez levantado el secreto del sumario, no se facilitó copia alguna. Incluso, algunos sectores de la Judicatura creyeron conveniente que el propio juez Roberto Ramos, compareciera brevemente ante la prensa para desmenuzar las líneas angulares de su resolución. Descartada esta comparecencia, la imposibilidad material de desgranar el contenido de los 4.772 folios aconsejó a los abogados defensores posponer hasta mañana el inicio de sus actuaciones.
Una vez que los procuradores se personen, la Administración judicial pondrán a su disposición los mecanismos necesarios para que se dispongan de las copias de los folios contenidos en el sumario. El propio Colegio de Abogados de Álava ofrecerá, de hecho, sus dependencias para quienes lo deseen. Solventada esta cuestión técnica, sin duda prolija, comenzará el estudio pormenorizado de las pruebas orales y documentales recopiladas durante la investigación y que ha conducido a la imputación de once personas.
Según fuentes de la Audiencia, la defensa de cualquiera de los imputados puede solicitar la revisión e incluso la anulación de pruebas contenidas en el sumario. Además, de modo paralelo, el fiscal Josu Izaguirre y el juez Roberto Ramos seguirán con la investigación ya que es muy probable que soliciten la incorporación de nuevas pruebas testificales. Durante el período en el que ha permanecido en secreto el sumario, numerosas personas han prestado declaración ante el juez Ramos. Este llamamiento propició que el pasado viernes se multiplicaran los rumores sobre la identidad de varias personas, en su mayoría relacionadas con el PNV de Álava y Guipúzcoa, que podría verse imputadas y que finalmente no figuraban en la resolución judicial. En cambio, fue significativo que se procediera a la imputación de Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura del Gobierno Ibarretxe, sin que se le hubiera tomado declaración ya que se encuentra fuera de España. Tampoco se descarta que en el desarrollo de las nuevas investigaciones, se procediera a declarar otra vez secreto el sumario. "Sería una cuestión excepcional", admitían en fuentes judiciales, pero no es descartable habida cuenta de la prolija documentación que se prevé acumular incluso en las próximas semanas.
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