Reforma electoral

El sistema electoral es formalmente posconstitucional, pero materialmente no lo es. Fue definido por el primer Gobierno presidido por Adolfo Suárez mediante el decreto ley que reguló la convocatoria de las elecciones del 15 de junio de 1977. Todos los elementos del sistema: número de escaños, 350, la provincia como circunscripción electoral, el número mínimo de dos escaños por provincia y la fórmula d'Hondt para la traducción de votos en escaños, están en el decreto ley del 77. Y todos se han mantenido después. La provincia como circunscripción electoral y la horquilla de 300 a 400 escaños en la Constitución. Los demás, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Ni el constituyente ni el legislador posconstitucional se han atrevido a definir a través de un debate en condiciones inequívocamente democráticas una de las piezas más esenciales del sistema político como es el sistema electoral.

El sistema electoral debería permitir una representación política más plural de la sociedad española

El sistema electoral ha beneficiado masivamente a los dos grandes partidos españoles, UCD-PSOE inicialmente, PSOE-PP después, ha sido neutral para los nacionalismos vasco y catalán y ha sido tremendamente injusto para todos los demás.

Para hacer un sistema electoral completamente nuevo habría que reformar la Constitución, pero sin necesidad de reformarla, cambiando simplemente la ley electoral se podrían introducir cambios importantes. Sobre ellos ha habido recientemente un interesante informe del Consejo de Estado.

No es mi propósito en este momento hacer una propuesta concreta, sino llamar la atención sobre la necesidad de ir pensando en hacerla.

El sistema electoral ha prestado un buen servicio al país en estos tres primeros decenios largos de construcción del Estado democrático. Tanto desde el punto de vista de la legitimidad, como desde el de la eficacia. El Congreso de los Diputados es una síntesis simplificada de la sociedad española, pero no es una caricatura de la misma. La segunda es reconocible en el primero. Simplificadamente, pero reconocible. Y además, no ha habido problemas para la formación de Gobierno tras el resultado de cada una de las convocatorias electorales, habiéndose posibilitado la alternancia en el poder en dos ocasiones en las dos direcciones posibles, de UCD a PSOE, de PSOE a PP y de PP a PSOE. No está nada mal para un país con únicamente tres consultas democráticas en toda su historia anterior, 1931, 1933 y 1936, cuyos resultados no fueron aceptados de manera inequívoca por los perdedores.

Creo, sin embargo, que si el sistema fue útil en la Transición y en la inicial puesta en marcha de la Constitución, ha dejado de serlo ya y cada vez más. El sistema electoral está conduciendo a una polarización política muy superior a la que existe en la sociedad y, como consecuencia de ello, a una incapacidad para abordar dialogadamente ninguno de los problemas con los que tiene que enfrentarse la sociedad española. En estos días lo estamos comprobando. Ante una situación de emergencia económico-financiera no ha sido posible ni siquiera transmitir una imagen hacia el exterior de que hay algo que esté por encima del interés de partido. O que es posible ponerse de acuerdo en un modelo educativo. No hay terreno común posible ante ningún asunto: o se gana o se pierde. La posibilidad de que no pierda ni gane nadie ni se contempla. Por eso, entre otras cosas, no resulta posible hacer la reforma de la Constitución.

Dicha polarización se proyecta además a todo el sistema institucional. Por eso no es posible la renovación ordenada y razonable de órganos que fueron pensados por el constituyente como refractarios a la polarización política, como son el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. O por eso se lleva hasta el paroxismo el enfrentamiento en un terreno tan sensible como el de la organización territorial del Estado. Que a un tema tan vital para la articulación democrática de España, como es la inserción de Cataluña en el Estado común, no se le haya dado la más mínima posibilidad de hacerle frente mediante el debate parlamentario, ni en el Parlamento de Cataluña ni en las Cortes Generales, habla por sí solo. El cálculo electoral no puede ser el único elemento que debe ser tomado en consideración.

El sistema electoral debería permitir una representación política más plural de la sociedad española que la que ahora mismo tenemos. El encorsetamiento del sistema político que se está produciendo como consecuencia de los resultados electorales está produciendo una atmósfera cada vez más irrespirable. O se consigue que entre oxígeno o la rigidez institucional nos va a llevar a una crisis sistémica. Las señales de alarma llevan activadas desde hace tiempo.