Partidos en el banquillo

Las elecciones británicas de la pasada semana, que parecieron anunciar una espectacular subida de votos de los liberal-demócratas capaz de romper la mayoría absoluta -conservadora o laborista- en la Cámara de los Comunes, fueron seguidas en España con especial interés por los partidos hartos de contemplar desde el banquillo el peloteo del poder entre PSOE y PP. Aunque los resultados de los lib-dems quedaron por debajo de las predicciones, la inexistencia de mayoría absoluta en la Cámara abre el camino a una reforma electoral de patrocinio liberal y de orientación proporcional que mitigue el bipartidismo parlamentario basado en el tradicional sistema mayoritario.

El régimen británico de elecciones por mayoría relativa a una sola vuelta en 621 distritos uninominales, fruto de una larga evolución histórica, entrega el premio del solitario escaño puesto en juego al candidato que cruza primero la meta, sean cuales sean los votos de ventaja respeto al segundo. Esas diferencias de papeletas en las circunscripciones individuales explican que el vencedor global en escaños pueda quedar -ha ocurrido varias veces- el segundo en votos. El gran perdedor será siempre el tercer partido (los lib-dems en este caso), castigado por el voto útil de segmentos de su electorado potencial que terminan respaldando a conservadores y a laboristas, atrincherados en sus bastiones electorales tradicionales. Pero los dados no están echados de antemano: los liberales fueron en sus días gloriosos el primer partido de Reino Unido, que perdería luego su posterior condición de segundo partido en beneficio de los laboristas tras la Gran Guerra.

Las críticas de los liberales al sistema electoral de su país son extensibles a España

Al igual que el Congreso español, la Cámara de los Comunes incluye en su seno partidos nacionalistas: ocho unionistas, cinco diputados del Sinn Féin, tres socialdemócratas irlandeses, seis escoceses y tres galeses en 2010. Y como ocurre también en el Parlamento británico, el régimen electoral del Congreso español es también la madrastra de Blancanieves para los terceros partidos de ámbito estatal (el Partido Reformista de Roca y el CDS de Suárez en los años ochenta, IU y UPyD actualmente), pese a los "criterios de representación proporcional" ordenados por la Constitución. La provincia como circunscripción obligatoria, la cuota mínima de dos diputados provinciales (abstracción hecha de su población) y la congelación del Congreso en 350 miembros imprimen un sesgo mayoritario a un sistema teóricamente proporcional.

Las tendencias británicas y españolas al bipartidismo parlamentario no son el resultado mecánico de una legislación electoral abstracta (por lo demás diferente en los dos países). Diether Nohlen señala en su obra de referencia Sistemas electorales y partidos políticos (Fondo de Cultura, 2004) que ese tipo de normas busca a la vez garantizar la gobernabilidad del Estado mediante la formación de mayorías y reflejar la pluralidad social. Reino Unido y España son países muy distintos por su historia constitucional, sus costumbres políticas, su estructura social y sus sistemas electorales. Los paralelismos entre ambos países son de carácter negativo: la incapacidad de articular dialécticamente, a través de la hegemonía de los dos grandes partidos de ámbito estatal, la buena gobernanza del sistema político y el adecuado reflejo de las sensibilidades de una sociedad pluralista.

En las últimas elecciones generales españolas, los ciudadanos entregaron de forma conjunta a socialistas y populares mas del 83% de los votos y el 90% de los escaños del Congreso. Sólo si ambos partidos se ponen de acuerdo cabe alcanzar la suma de los 2/3 o los 3/5 de los parlamentarios precisos para aprobar cualquier reforma de la Constitución (aunque sea tan obvia como el periodo de sesiones o la igualdad de sexo en la sucesión a la Corona) y para designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a los magistrados del Constitucional cuando sus predecesores cumplan sus mandatos. El indefinido aplazamiento de la revisión constitucional, el caprichoso bloqueo de la renovación obligatoria de los órganos constitucionales y el sectario boicoteo a la modificación de las leyes electorales y de la financiación de los partidos no sólo implican la patrimonialización del Estado por las cúpulas partidistas, sino que además amenazan en estos tiempos de crisis la estabilidad de la Monarquía parlamentaria establecida en 1978.