Cerco al abuso a los discapacitados

¿Quién vigila al tutor o cuidador de un discapacitado mental que no puede tomar decisiones sobre su patrimonio? La Fiscalía. ¿Cómo? Obligando a los tutores y a los cuidadores a rendir cuentas sobre la gestión del patrimonio de esas personas. Las residencias son elemento fundamental para actuar ante la mínima sospecha de abuso porque cada mes están obligadas a dar cuenta de quién está internado. Más aún, a la mínima irregularidad, como no pagar la mensualidad por la asistencia, deben avisar. Tutores y guardadores tienen que rendir cuentas una vez al año, por lo menos.

Este cerco al abuso a los discapaces mentales (algunos incapacitados judicialmente y otros no) se ha sistematizado y su eficacia ha servido para que la Fiscalía General del Estado extienda el modelo que se ha aplicado en Valencia a toda España. Antes, dijo ayer el teniente fiscal Gonzalo López-Ebri, la máxima era que "los trapos sucios se lavaban en casa, y eso suponía impunidad en los abusos a personas que dependen de otras, que han perdido la capacidad de controlar su patrimonio, su vida, el fruto de su esfuerzo". Y explicó: "Imaginen una familia con hijo con una deficiencia mental. Por él, para que, cuando falten sus padres y sus hermanos, no tenga carencias, se hacen muchos esfuerzos. Estamos obligados a cuidar de que ese esfuerzo sirva precisamente para la razón que lo movió".

El control alcanzará también a las personas atendidas en el ámbito privado

La Fiscalía obliga a residencias, tutores y cuidadores a rendir cuentas

López-Ebri afirmó que en un año, a través de la información recibida de las residencias, se habían detectado entre 15 y 20 abusos que se habían convertido en causas penales. Y añadió: "Hemos hecho una importante labor preventiva, estamos tratando de evitar cualquier situación de vulnerabilidad, hemos hecho importantes recuperaciones de patrimonio".

López-Ebri, que estuvo ayer acompañando al fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, en la presentación pública de la extensión del modelo valenciano a toda España ordenada por la Fiscalía General del Estado, reconoció el papel importante de las residencias para detectar abusos. "Cuando una persona ingresa en una residencia, deja fuera toda su vida, su casa, sus afectos, su mundo. Tiene que ser un lugar seguro". Pero advirtió de que el control también llega, y va a hacerlo más, a aquellas personas que no están ingresadas, a aquellas que están siendo cuidadas en el ámbito privado. El 80% de los incapaces mentales no tiene legalmente esa condición, afirmó. Y señaló también que muchas situaciones familiares de crisis se han intentado resolver con el patrimonio de un discapacitado mental. "Y no podemos dejar que eso ocurra", aseguró.

El modelo implantado para perseguir estos abusos fue un compromiso de Ricard Cabedo, cuando se hizo cargo, en enero de 2005, de la Fiscalía de Valencia. Para ello, comprometió a Gonzalo López-Ebri como coordinador de la sección civil provincial. El ahora teniente fiscal está obligado a extender las prácticas al conjunto de la autonomía.

Y ambos han ido más allá. Le han trasladado al fiscal general del Estado la necesidad de modificar la excusa absolutoria (no hay castigo penal para un familiar que se apropia del patrimonio de otro sin violencia). Creen que hace especialmente vulnerables a las personas con incapacidad mental.