Demasiadas omisiones y silencios

El pasado miércoles prestaron declaración la directora general de Canal 9, Lola Johnson, dos trabajadoras, y una delegada del sindicato USO, ante la juez de Paterna, que instruye el caso por presunto acoso sexual del "ex secretario general" (y decimos ex porque, al parecer está cesado ¡¡temporalmente!!) de la televisión autonómica valenciana hacia tres trabajadoras del ente.

De lo que se ha publicado y de lo que públicamente se viene haciendo y diciendo en relación con este caso, deducimos omisiones y acciones que nos parecen muy graves.

En primer lugar la omisión por parte de la empresa pública Radio Televisión Valenciana del cumplimiento de las leyes. Por supuesto, de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, pero también de los compromisos legales de la normativa propia de la Generalitat:

La Ley 9/2003, de la Generalitat Valenciana, para la Igualdad entre mujeres y hombres, en sus artículos 23 y 47 declara que la Administración autonómica incorporará y aplicará en las relaciones laborales el código de conducta contra el acoso sexual recogido en la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 1991.

Y la citada Recomendación dice textualmente: Los empresarios deberían elaborar una declaración de principios en la que se establezca expresamente que no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en el trabajo, y que los trabajadores tienen derecho a presentar denuncias si aquel se produce. Se recomienda que en la declaración de principios se explique con claridad lo que se entiende por comportamiento indebido, el cual, en determinadas circunstancias, puede ser ilegal. Además, debería explicarse el procedimiento que ha de seguirse en caso de denuncia o de solicitud de ayuda; asimismo, es conveniente indicar las medidas disciplinarias. La declaración debe incluir el compromiso de que las denuncias se tratarán con seriedad, prontitud y confidencialmente, y que se protegerá a los trabajadores contra represalias.

Exactamente lo contrario de lo que se ha hecho en este caso, que sepamos a día de hoy, la empresa pública, pagada con los impuestos de la ciudadanía valenciana, en ningún momento ha hecho esa pública y expresa declaración de que no permitirá ni tolerará el acoso sexual. Silencio palmario. Es más, de la declaración ante la juez de su directora cabe deducir que el señor Sanz tenía por costumbre insinuarse, sin que, en ningún momento hasta que se produce la denuncia, la empresa considerase ésa una conducta inapropiada. Y esta ley está vigente desde hace casi siete años, ¿a qué esperan para cumplirla?, ¿o es que las leyes son sólo un instrumento propagandístico y no se piensa en su aplicación?

A las Administraciones Públicas, empresas públicas incluidas, les corresponde una misión ejemplarizante respecto del cumplimiento de la legislación, misión que se ha obviado en Radiotelevisión Valenciana, como se obvia el cumplimiento de otros principios legales: respecto de los modelos sexistas en la publicidad, respecto del uso del valenciano, respecto del derecho a la información veraz... La ciudadanía valenciana ya está muy acostumbrada a que sus derechos se vayan limitando a contestar encuestas y votar cuando toca.

Pero no podemos guardar silencio porque nosotras, mujeres trabajadoras, sabemos que cuando se merman los derechos de una mujer se nos están cuestionando a todas. Sabemos que la miseria moral es altamente contaminante y se nos puede incorporar en dosis apenas perceptibles hasta que nos acostumbramos a su presencia. Sabemos que para tener leyes avanzadas muchas mujeres de este país han vivido, han luchado, han perdido. Que somos depositarias de preciosos esfuerzos y hemos de incorporar el nuestro, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con estas mujeres doblemente atacadas por un hombre con poder y sin escrúpulos, y por una empresa que no ha sabido ni querido tener los mínimos compromisos éticos con la dignidad de sus trabajadoras.

También firman este artículo Consuelo Marín, Elvira Ródenas, Encarna Signes i Climent, Inés Giménez Garrido, Isabel Muñoz Fernández, María Jesús González Fontana, Marina Calatayud Cuesta y Ofelia Vila Hernández