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La fiscalía no indagará los abusos del carmelita sin denuncia de la víctima

Tener información constatable de su voluntad sería suficiente para activar el caso

María Fabra

Los delitos contra la libertad sexual precisan, para su investigación, la existencia de una denuncia presentada por el perjudicado ante un fiscal, un juez o un policía. En el caso del supuesto caso de pederastia detectado en la orden de los carmelitas descalzos de Castellón, de momento, sólo existe un escrito presentado por la propia orden que incluye el relato de la víctima. Pero éste está dirigido a la orden y no a los tribunales.

Por ello, el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, explicó ayer que la fiscalía no puede iniciar la investigación hasta que no se determine que el joven, al menos, tiene la voluntad de que los presuntos delitos sean perseguidos penalmente. Así, la fiscalía contactará con él, que actualmente tiene 19 años y, por lo tanto, es mayor de edad, para comprobar si existe esa voluntad de denunciar a su supuesto agresor.

Como la víctima es mayor de edad la fiscalía no puede actuar de oficio

Aunque la víctima era menor cuando se produjeron los supuestos abusos, ya que según relató él mismo éstos tuvieron lugar en 2007, el hecho de que ahora sea mayor de edad invalida la posibilidad de la fiscalía de actuar de oficio.

Dado que el joven se encuentra actualmente en Perú, el fiscal precisó que no es necesario que se persone en Castellón, sino que bastaría con "tener la información constatable de que su voluntad es la de denunciar los hechos". Una vez confirmada esta decisión, "podríamos entrar a profundizar en la calificación jurídica del caso y en lo que ha sucedido". Carceller quiso precisar además que el "conocimiento indirecto" que tiene la fiscalía de los hechos no interrumpe el plazo de prescripción que, en el caso de los abusos, se fija en tres años y en el de las agresiones sexuales, en cinco.

La fiscalía de Castellón recibió el jueves el escrito presentado el lunes por la orden de los Carmelitas descalzos en la fiscalía de Valencia, días después de tener conocimiento del caso, cuando los padres de la víctima comunicaron al vicario general la situación sufrida por su hijo cuando era monaguillo en el municipio de Burriana (Castellón). El escrito presentado incluye dos documentos en los que la víctima y su padre relatan lo sucedido, pero no existe una denuncia formal por parte del afectado.

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La primera decisión de la congregación fue la de trasladar al fraile a un convento de Soria y dictar una prohibición de que permanezca a solas con menores. Además, el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, mostró su "consternación" y se unió al "dolor de la víctima y sus padres" a quienes les pidió perdón.

La decisión de los carmelitas ha sido el primer caso en el que una orden ha trasladado a la Justicia un presunto caso de pederastia después de las recomendaciones realizadas por el Papa, que aconsejó a los religiosos que denunciaran los casos de abusos. Sin embargo, la aplicación de esta doctrina es legalmente inocua en los casos en los que las víctimas son mayores de edad, ya que la denuncia de las congregaciones no es suficiente para iniciar una investigación.

En cualquier caso, la congregación de los Carmelitas Descalzos decidió poner el caso en conocimiento de la justicia, y pese a las dudas de los padres de la víctima de presentar denuncia, al entender que la obligación de la orden era informar para no convertirse, además, en encubridora.

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