"Las comunidades deben cumplir en dependencia"

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, visitó ayer la redacción de EL PAÍS para realizar esta entrevista y chatear con los lectores, que le enviaron más de 900 preguntas. Que si el tabaco en los bares, que si las prácticas de los futuros médicos en los hospitales, la píldora del día siguiente. Y la Ley de Dependencia, tan atascada en muchas comunidades. No quiere entrar en conflicto con las autonomías sobre eso. Siempre tiene a mano dos palabras: cooperación y colaboración.

Pregunta. La Ley de Dependencia corre a velocidad muy desigual en las distintas comunidades. Un informe del Gobierno incluso pedía que se acudiera a los tribunales para corregir algunas disfunciones. ¿Se va a limitar el Ministerio de Sanidad y Política Social a hacer de moderador o va a garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismo derechos?

"No es lo más adecuado revisar la financiación en época de crisis"

"Hemos pasado la parte más costosa, hay que mantener la estabilidad"

"El coste aproximado de la ley podría estar en los 4.000 millones de euros"

"Los mayores quieren que se les cuide en casa y por un familiar"

Respuesta. El objetivo es que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho, con independencia de donde residan. Pero poner en marcha la ley ha entrañado mucha complejidad técnica y las comunidades, con la crisis, han visto reducidos sus ingresos. Queremos ayudarlas, es importante mantener una actitud de colaboración y cooperación, porque la confrontación dificultaría aún más el proceso. Cada uno debe cumplir su parte, el Estado y las comunidades.

P. Pero algunas comunidades no la están cumpliendo.

R. En el periodo en que a mí me ha tocado gestionar no he percibido confrontación. Unas con más velocidad, otras con menos, en general todas han sido responsables y conscientes de que es el momento de dar el empujón. En los tiempos que marca la ley conseguiremos un desarrollo igual para todos.

P. ¿Por qué el Gobierno no conoce la aportación que cada comunidad está haciendo para implantar esta ley, obligadas como están a cofinanciarla?

R. Sí lo conocemos, pero una cosa es lo que reflejan los presupuestos y otras los suplementos de créditos para complementar la financiación. El Gobierno ha aportado 2.050 millones [el año pasado], teniendo en cuenta que las comunidades cofinancian la ley, podríamos estimar en 4.000 millones de euros el coste aproximado. Algunas dirán que han puesto más, pero es porque computan ahí los servicios sociales preexistentes que ya venían realizando.

P. Y otras, bien puede decirse que han puesto menos que lo recibido del Gobierno. Sobre todo aquellas donde las prestaciones que han concedido a sus ciudadanos son mayoritarimente económicas. Ahí las cuentas son fáciles.

R. Ha sido en una primera fase. Hay algunas donde el Estado ha podido hacer una aportación mayor porque el desarrollo de la ley allí era menor. Pero todo se irá equiparando con el calendario de la ley.

P. ¿Cuándo será eso?

R. En 2015, que es cuando estará completa.

P. Son muchas las voces autorizadas que reclaman un cambio en la financiación global de la ley, con una cotización extra para que sea sostenible. Y los que piden que el dinero que reparte el Gobierno se conceda siguiendo los criterios de personas atendidas y del coste del servicio que reciben. ¿Lo contempla el Gobierno?

R. El Estado va a garantizar consignación presupuestaria en la parte que le toca. Se ha modificado la financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) para dotar de suficiencia financiera en educación, sanidad y dependencia con una revisión periódica de la población, el envejecimiento, la dispersión territorial, las zonas rurales... Y se les transfieren tributos para que recauden más y hagan frente a estos gastos. Teniendo en cuenta el coste final de esta ley, España está en condiciones de hacer frente a ese gasto. Lo hicimos en 2009, en plena crisis. Soy sensible a lo que plantean las comunidades sobre financiación, pero hacer una revisión de la misma en época de crisis no creo que sea lo más adecuado. Después, se puede estudiar todo.

P. Pero todavía reparten los recursos a las comunidades por el número de personas con derecho a la ayuda, no a las que ya la están percibiendo, ni atendiendo al coste del servicio que reciben y no cuesta lo mismo una plaza en una residencia que ser atendido en casa.

R. No puedo dar plazos, pero esa es la tendencia y el objetivo. Las comunidades están haciendo el esfuerzo de incorporar a más personas al sistema. Al principio fue difícil porque las comunidades necesitaban recursos para poner en marcha una ley que tiene mucha complejidad técnica y burocrática.

P. ¿No se podría aligerar tanta burocracia?

R. Ya hemos pasado la parte más complicada y más costosa. Ahora, para 2011, nos queda incorporar a los ciudadanos que presenten un grado de discapacidad leve, eso será más fácil. Ahora se trata de mantener la estabilidad en la financiación.

P. El gran ordenador central de la dependencia, llamado a ser tan poderoso como el de Hacienda o el de la Seguridad Social, costó 22 millones de euros y todavía hoy -sólo hay que mirar las estadísticas, algunos datos tienen que ser irreales por fuerza-, sigue dando problemas. Y de esa información depende la financiación.

R. Cuando llegamos limpiamos las duplicidades [muchos ciudadanos ya habían fallecido y seguían en el sistema, y las prestaciones se contaban como ciudadanos atendidos] y algunas disfunciones que se producían. Creo que hemos alcanzado un alto grado de transparencia y hay que mejorar. Es una de nuestras principales preocupaciones. La situación de cada comunidad será transparente y precisa.

P. En la situación hipotética, que ya no lo es tanto, de que todos los ciudadanos optaran por la prestación económica [la paga al familiar para cuidar en casa al dependiente], no sólo se quebraría el espíritu de la ley, sino la propia letra.

R. Sí, la ley recomienda los servicios [residencias, centros de día, ayuda profesionalizada] y contempla como excepcional la ayuda económica... A veces legislamos y la realidad social puede obligarnos a dar mayor cobertura a una excepción. Queremos establecer límites, garantías y controles para ir enfocando hacia los servicios.

P. ¿No debería primar en algunos casos la opinión del profesional que evalúa la situación de la persona dependiente, y de qué es lo que realmente necesita, en lugar de la preferencia de las familias?

R. La opinión del profesional es extraordinariamente valiosa. Tenemos muy buenos trabajadores sociales, y además vamos a incorporar en el equipo de valoradores a los médicos. Pero ha de contar de manera definitiva la opción de la persona. En una inmensa mayoría, los mayores dependientes quieren ser cuidados en casa y por las familias. Es característico del inicio de estos sistemas de protección, pasó también en Alemania. Y forma parte de nuestra cultura, pero creo que todo va a ir cambiando con el tiempo. De todas formas, hemos establecido controles y acuerdos con las comunidades autónomas para evaluar cada año el cuidado que reciben esas personas en casa y los requisitos para ser cuidador.

P. El ministerio quería limitar a 70 años la edad en que un familiar (cónyuge, hijas) puede cuidar a un dependiente. Las comunidades lo impidieron. ¿Cuál era el objetivo?

R. Se pensó que era una edad razonable para la fortaleza física y psíquica que requieren estos cuidados. Pero también es cierto que la esperanza de vida ha cambiado. Decidimos flexibilizar la norma para evaluar cada caso.