El autor del estudio hidrológico de Lezama niega que permita hacer pisos

La recalificación de los terrenos de la familia de la alcaldesa de Lezama, la peneuvista Alaitz Etxeandia, sigue levantando dudas. El cambio de uso de los terrenos fue posible gracias a un estudio hidráulico encargado por el Ayuntamiento a la ingeniería Izarvi, que sirvió para considerar no inundables los terrenos y así dar vía libre la construcción de viviendas. En contra de lo sostenido por el consistorio y por el Gobierno, que dio su visto bueno al informe de Izarvi y a la aprobación del nuevo plan urbanístico, que autorizaba construir en el solar de los Etxeandia, el coordinador de la investigación, José Ernesto Izquierdo, aseguró ayer a EL PAÍS: "En nuestro informe esa zona sigue siendo inundable. No se puede construir".

El ingeniero recalca que en su informe "esa zona sigue siendo inundable"

Izquierdo recalcó que casi todo el terreno de la familia de la alcaldesa (más de 5.400 metros cuadrados) se halla incluido en la llamada área de retorno de 100 a 500 años, "que es la más peligrosa [en caso de una posible inundación] y la más restrictiva". Por ello, mostró su incredulidad sobre el hecho de que el Ayuntamiento de Lezama esté impulsando un proyecto de viviendas en esos terrenos. "No puede ser. Se basarán en otro informe, no en el nuestro", enfatizó Izquierdo. "Esa parcela sigue inundable. Está claramente expresado en nuestro estudio hidráulico, que ha sido elaborado por cuatro doctores ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria".

El consistorio ha destinado 41.000 euros para varios estudios y ha aprobado un plan especial específico para dicho solar.

Las directrices del Ejecutivo sobre el uso del suelo en función de su inundabilidad establecen tres situaciones según si se inunda cada 10, 100 o 500 años. Dicha normativa considera más restrictiva las denominadas áreas de retorno de 10 años, terrenos "donde deberá excluirse cualquier uso urbanístico". En cambio, en las de entre 100 y 500 años, "sería permisible un amplio rango de aprovechamientos urbanísticos", apunta el documento del Ejecutivo.

José Ernesto Izquierdo replicó ayer en sus declaraciones a este periódico que tales criterios "son obsoletos". "Creo que ya se han cambiado", sostuvo, e insistió en que las mayores restricciones se registran en las áreas de retornos de hasta 500 años. "Estas áreas incluyen las de 10 y las de 100 años", aseveró, para insistir en que se impide la edificación. "Sólo se puede construir si se introdujeran una serie de medidas como modificaciones en el río Asua que tienen que ser autorizadas por el Gobierno. Como está ahora, no se puede", añadió.

El plan especial que está tramitando el Ayuntamiento para el polémico no prevé ninguna modificación en el cauce.

Izquierdo precisó que su estudio hidráulico "mantiene lo que decía" el Plan de Prevención Integral de Inundaciones realizado en 1993, que declaró inundable tanto el solar de los Etxeandia como otras zonas del municipio vizcaíno.

La edificación en el solar de los Etxeandia se convirtió en legal con la aprobación de las normas subsidiarias en 2007, que el Tribunal Superior anuló el pasado mes de junio debido a diferentes irregularidades en el informe de impacto ambiental.

Esa recalificación se realizó ocho meses después de que la familia Etxeandia (los terrenos pertenecen a su padre, una tía y cuatro primos) cerrase un acuerdo con dos constructoras para cobrar seis millones de euros por sus parcelas, en las que se prevé levantar un total de 53 viviendas. Los familiares de la primera edil han cobrado hasta el momento 2,2 millones de euros, pero las constructoras rechazan pagar el resto tras la decisión del Superior y quieren recuperar esos 2,2 millones.

La Fiscalía vizcaína abrió el pasado mes de marzo una investigación oficial después de que EL PAÍS destapase el caso.