La Comisión Jurídica avala al Gobierno en la polémica de la ley de Publicidad

La Comisión Jurídica Asesora, el máximo órgano asesor de la comunidad autónoma, ha respaldado por unanimidad el proyecto de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional del Gobierno. El Ejecutivo le dio su visto bueno en su reunión del martes pasado y lo ha enviado ya al Parlamento para su debate. Las tres diputaciones, gobernadas por el PNV, se opusieron en la fase de alegaciones a que la futura ley las someta a su dictado y, tras su aprobación por el Gobierno, anunciaron que presentanrán sendos recursos ante la Comisión Arbitral, que dirime conflictos entre administraciones de modo extrajudicial.

El informe de la Comisón Jurídica señala que la aplicación de la futura ley a las tres instituciones forales no supone ningún menoscabo ni afecta de forma indebida a sus competencias. Para el órgano asesor, "no existe injerencia del legislador autonómico [el Gobierno en la iniciativa y el Parlamento en la aprobación] que reste capacidad decisoria" a los tres ejecutivos forales.

La unanimidad alcanzada en el seno de la Comisión, que conserva la composición de la anterior legislatura, salvo en su presidencia y vicepresidencia, ocupada de forma automática por dos altos cargos del Gobierno, apuntala el proyecto en su tramitación parlamentaria, a la que llega con ese aval sin discrepancias.

La Comisión Jurídica Asesora emitió su dictamen teniendo sobre la mesa las alegaciones presentadas por los tres ejecutivos forales. Los argumentos de todos ellos eran coincidentes: la ley socavaría competencias que consideran que les corresponden por la capacidad de autoorganización que les otorga el artículo 37.3 a del Estatuto de Gernika.

Las tres diputaciones pidieron que se eliminase del anteproyecto toda referencia a ellas, reclamación que el Gobierno no ha atendido.

La Comisión considera que ninguno de los artículos del proyecto de ley, que va examinando uno por uno en relación con las competencias forales, lesiona ninguna de ellas. Al contrario, considera pertinente y ajustada a derecho la competencia del Gobierno en todos los extremos que la nueva norma regulará. El proyecto de ley resulta así a juicio del organismo del todo respetuoso con los ámbitos de atribuciones de los territorios históricos, tanto en los requisitos que fija para la realización de las campañas de publicidad institucional, como en las prohibiciones que establece.

Entre estos vetos figura el que se establece sobre las campañas de propaganda de los logros de las administraciones sometidas a la nueva ley. Este apartado impondrá a las diputaciones, en plenas vísperas de las elecciones forales y municipales de 2011, limitaciones que hasta el momento no habían tenido a la hora de publicitar su acción. Estas mismas prohibiciones afectarán a los ayuntamientos.

La Comisón Jurídica se ha acogido, entre otros muchos argumentos legales, a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1988. Este fallo establece que lo garantizado por la propia Constitución es un régimen de foralidad, pero no todos los derechos que históricamente hubiesen tenido las diputaciones ni un contenido competencial concreto y fijado para siempre, sino sólo lo que se considera su "núcleo identificable".

Por este núcleo se entiende lo que en cada momento histórico hace a la institución foral reconocible para la sociedad. No sería el caso del proyecto de ley en cuestión, ha concluido la Comisión, que sitúa el Estatuto de Gernika como la norma que actualiza los derechos históricos y fija su "núcleo intangible", en el que estaría la capacidad de autoorganización a la que se acogían en sus alegaciones los tres ejecutivos forales y probablemente se aferrarán en su recurso ante la Comisión Arbitral.