El suelo de Arraijanal mantiene bloqueado el PGOU de Málaga
Junta y municipio discrepan sobre las compensaciones
En los nueve meses transcurridos desde que la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua) rechazó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga y emplazó a introducir una serie de correcciones para dar cumplimiento a los informes sectoriales vinculantes que afectaban a unas 28.000 viviendas, la Junta y el Ayuntamiento han avanzado en el desbloqueo de todas las cuestiones. Pero el que en todo momento ha sido principal escollo entre ambas administraciones sigue sin ser desatascado y el desacuerdo por cómo compensar a los propietarios de Arraijanal mantiene bloqueada la aprobación del plan.
El desencuentro volvió a evidenciarse con crudeza en la reunión celebrada el pasado miércoles día 28 de abril entre la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañados de sus respectivos equipos de políticos y técnicos. Los temas urbanísticos consumieron más de la mitad de las cuatro horas y media de reunión, sin que en el asunto Arraijanal se produjera ningún avance, y ello pese a que a finales de enero ambas partes anunciaron estar cerca del acuerdo.
Obras Públicas estudiará si el Consistorio pierde 200 millones
La Junta quiere que los 500.000 metros cuadrados de Arraijanal, parcela donde está la última playa sin urbanizar de la ciudad, sean calificados de sistema general de espacios libres adscrito al suelo urbanizable sectorizado. Pero el consistorio se resiste y quiere que a su vez se le compense con inversiones y fondos europeos por valor de 200 millones de euros, cifra en la que estima el valor de las compensaciones en suelo a los propietarios de Arraijanal.
De la Torre sostiene que si la Junta ha obligado a que el suelo quede libre, debe pagarlo al precio acorde con las expectativas que generó el proyecto de una urbanización con 700 viviendas que proyectó el consistorio y por cuyo convenio urbanístico iba a cobrar 29 millones de euros, y sin pedir "sacrificios" al Ayuntamiento.
La Junta mantiene que no se puede condicionar la aprobación del PGOU a peticiones de inversiones y quiere la fórmula menos gravosa posible. La Junta de Andalucía va a encargar un estudio para ver si realmente se causaría un perjuicio económico al Ayuntamiento, y decidir en función del resultado.
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