Medio Ambiente apoya ampliar la protección del litoral en Barrika
El Gobierno central tramita ampliarla hasta los 200 metros
La protección de Barrikabaso, el área del municipio vizcaíno de Barrika en la que se han construido 14 chalés declarados ilegales por los tribunales y que corre el riesgo de ser la primera urbanización en Euskadi que sea derribada, cuenta con el aval del Gobierno. El Departamento de Medio Ambiente ha emitido un informe en que apoya ampliar a 200 metros la zona protegida por la Ley de Costas, la normativa que fija en todo el litoral español un perímetro de 100 metros. Dicha ley prevé en situaciones excepcionales la ampliación "hasta un máximo de otros 100 metros".
Este cambio es potestad del Ministerio de Medio Ambiente, que lo está tramitando, aunque tiene en cuenta otros informes, como los del Gobierno vasco. El Ejecutivo señala en un documento fechado el pasado 6 de abril que Barrikabaso es "un enclave de elevado valor naturalístico y paisajístico" y destaca que "prácticamente toda la zona" está ocupada por hábitats de interés comunitario y fauna en peligro, como el visón o el cormorán.
Catorce chalés declarados ilegales se levantan en la zona de Barrikabaso
La opinión del departamento coincide con todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Barrika y en las Juntas de Vizcaya, donde se han aprobado sendas propuestas para llevar la protección a 200 metros. El PNV ha sido la única formación que lo ha rechazado, con el argumento de que el consistorio tiene entre manos un nuevo plan urbanístico. Sin embargo, la Diputación vizcaína, en manos peneuvistas desde la llegada de la democracia, autorizó hasta tres veces -en 1999, 2000 y 2001- la recalificación de esta zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística para convertirla en urbanizable y construir 97 chalés.
Los tribunales han anulado la recalificación y, sólo tras un auto firme del Supremo del pasado año, la Diputación dio marcha atrás en el cambio de calificación del suelo. El PNV asegura que no habrá nuevas edificaciones, pero no ha aclarado qué pasará con los 14 chalés ya construidos. La oposición y los ecologistas exigen que se declaren fuera de ordenación.
Estas casas, en las que sus propietarios residen desde hace cuatro años, carecen de licencia de ocupación y no pagan el IBI.
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