Aguirre apoya a las víctimas del franquismo tras años de desinterés

Esperanza Aguirre dio ayer un viraje de 180 grados en su postura política frente a los represaliados del franquismo. Al declararse dispuesta a ayudar a "todas las víctimas, también las del franquismo" a buscar a sus familiares desaparecidos, se desvinculó de su trayectoria y se convirtió en la primera dirigente popular que se sitúa del lado de los represaliados, adelantándose una vez más a la tesis oficial del PP.

Un cambio de posición que le permite equipararse a la derecha moderna europea, que no pone etiquetas políticas a los damnificados de las dictaduras, pero con el que Aguirre, según fuentes populares, también pretende atemperar la movilización del electorado de izquierdas -el que no irá a votarla, pero que tiende a la abstención si no se siente amenazado- a un año de las elecciones autonómicas. Pero no olvidó a su votante natural. Puntualizó que la ayuda se ofrecerá a "todas" las víctimas.

Y la factura le sale barata, pues en Madrid apenas hubo fosas, al haber pertenecido al bando republicano hasta el final de la Guerra Civil. Las asociaciones de víctimas del franquismo cifraron ayer en unos miles el número de desaparecidos, en unas 40 fosas.

La ayuda prometida se limita a establecer un registro de peticiones de familiares de víctimas para buscar a sus antepasados, que dependerá del consejero de Presidencia, Francisco Granados. Hasta ahora, explicó, no se había iniciado el cumplimiento de la ley porque, al no estar aprobado el reglamento, no se ha fijado qué Administración debe hacerse cargo. La Comunidad presentó alegaciones al decreto y al convenio marco.El Ministerio de Justicia subraya el especial desinterés del Gobierno regional, que ni siquiera contestó a la propuesta para firmar el convenio. El cambio de postura de Esperanza Aguirre sorprende porque hace tan solo una semana, en sede parlamentaria, la presidenta tachó de "aquelarre de carcamales resentidos" a los asistentes al acto de homenaje al juez Baltasar Garzón, en el que también hubo representantes de las asociaciones de memoria histórica, que agrupa a los familiares de los desaparecidos.

Además, hace dos años, en abril de 2008, en el famoso discurso en el Casino de Madrid en el que retó a Mariano Rajoy antes del congreso nacional del PP, Aguirre defendió la reparación de las víctimas -"Creo firmemente que una sociedad decente no puede permitir que quede ni una sola víctima de la Guerra Civil sin enterrar", dijo-, para apostillar que, desde 1977, a "sus descendientes o sus correligionarios" se les ha permitido hacerlo. Sin embargo, Aguirre venía a reconocer con su anuncio de poner "la Comunidad de Madrid absolutamente a su disposición" que no es así. Que todavía queda por hacer.

La presidenta ha sabido utilizar la oportunidad de reparar un error. Pero han pesado razones electorales, según fuentes populares. Una de ellas es la numerosa presencia de ciudadanos de a pie -unos 65.000 asistentes, según los cálculos de este periódico-, muchos familiares y descendientes de represaliados, también ancianos que, según su testimonio, nunca antes habían acudido a una manifestación. Sobre todo gente que no había sido llamada por los partidos, sino por una fabulosa campaña en las redes sociales, auspiciada por las asociaciones de víctimas, que se cuidaron mucho de abogar por el frentismo de la Guerra Civil y que se limitaron a defender la reparación a los represaliados por la dictadura. En este contexto, los asistentes identificaron pronto como culpable a la presidenta regional por sus declaraciones contra Garzón y se repitió el grito de: "Esperanza, dimisión".

De ahí que la presidenta haya optado por una fórmula que le permite frenar una fuerte movilización de la izquierda que se le podía volver en contra en las elecciones de mayo de 2011, según fuentes del PP. Es decir, ha optado por evitar volver a una campaña electoral con una nueva versión del "No a la guerra" que la persiguió en las autonómicas de 2003.

Al mismo tiempo, Aguirre se desmarca de la postura manejada por Rosa Díez, líder de UPyD, la cuarta fuerza política que los tres partidos con representación en la Asamblea temen que entre en la arena política en los próximos comicios. Díez fue aún más radical respecto al acto de homenaje de Garzón, del que dijo: "Es un golpe contra el Estado de Derecho y una de las cosas más graves que ha ocurrido en democracia". Ahora Aguirre se ha situado a años luz de ella. Y de sí misma.