El fiscal pide ocho meses para el alcalde de Zurgena, dos concejales y cinco ex ediles

El alcalde de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), dos concejales y cinco ex ediles que formaron parte de la anterior corporación se enfrentan a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación. La fiscalía les culpa de un delito de prevaricación por votar favorablemente en un pleno, en febrero de 2006, la concesión de licencias para la construcción de cinco viviendas en suelos no urbanizables del paraje El Cucador. Los permisos fueron otorgados "a sabiendas de su injusticia", afirma el fiscal en su escrito de acusación. El fiscal hace extensible este reproche al técnico municipal que dio el visto bueno a las construcciones, para el que reclama la misma pena.

En esta causa figuran también como imputados el administrador de la promotora de la obra y su director técnico, quien realizó los proyectos siendo consciente de que ocuparían suelos no aptos para la construcción. Para ellos pide el ministerio público dos años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para desempeñar cualquier trabajo relacionado con la construcción por delitos continuados contra la ordenación del territorio. El administrador de la promotora, José T. C., deberá indemnizar, en caso de condena, a los compradores de sus casas, para las que se pide la demolición.

Además del primer edil, se sentarán en el banquillo el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), y la segunda teniente de alcalde, Emilia Jiménez (PA). Les acompañarán los ex ediles andalucistas Aniceto López y Miguel Marín. Completan la lista de acusados los ex concejales socialistas Juan Morales y José Antonio Ramos y el ex edil popular José Juan Sánchez, para los que su letrado pide la absolución. Todas estas personas se enfrentan a ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación por contribuir al desorden urbanístico en el Valle del Almanzora, en el que se ubica este municipio de algo menos de 3.000 habitantes.

El letrado aduce en su escrito que la falta de formación jurídica y urbanística de Morales, Ramos y Sánchez les impedía conocer la ilegalidad de las licencias. Por ello, arguye el letrado, se limitaron a votar a favor de la propuesta, que avalaban los informes del técnico municipal y de la secretaria del Ayuntamiento. El alcalde fue arrestado junto a su mano derecha, el edil de Urbanismo, el 2 de abril de 2008 dentro de la operación Costurero. Además, en esta operación se incluyen otros 11 procesos que salpican a 10 de los 11 miembros de la anterior corporación, a la ex secretaria del Ayuntamiento, a varios empresarios y al cuñado del alcalde, que es promotor inmobiliario.

En la causa principal, que aún está pendiente de calificar, Trabalón figura como acusado de prevaricación, cohecho, delito contra la ordenación y falsedad por privilegiar a promotores, entre ellos su familiar, y por otorgar licencias sin cumplir los requisitos previstos por la ley.