Sanxenxo inicia la demolición de un edificio tras 26 años de litigio

Después de 26 años de litigio, los habitantes del edificio Boavista de Sanxenxo, en primera línea del paseo Baltar, fueron desalojados ayer sin altercados para proceder al derribo del inmueble. El edificio, con 24 apartamentos de alquiler, sólo tenía licencia para dos viviendas unifamiliares de dos plantas. En su lugar, se construyó uno de siete alturas.

La presencia de agentes de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local y el núcleo duro del gobierno municipal con la alcaldesa Catalina González al frente no intimidaron a la titular del inmueble, Irene Díaz, que en cuanto se le notificó la orden de desalojo puso rumbo al juzgado de Cambados monedero en mano para interponer una denuncia por allanamiento de morada. Al regresar, se encontró con su casa vallada y cuando intentó entrar "no le dejaron coger ni el cepillo de dientes", según su abogado Carlos Corredoira, que definió la situación como "abusiva y propia de estados fascistas". Otras cinco denuncias se presentaron a lo largo de la jornada por los propios inquilinos que no fueron notificados de la actuación.

La policía desaloja a ocho personas y precinta el inmueble para tirarlo

Fue éste uno más, no el último, de los "50.000 recursos", decía la regidora, que han conseguido dilatar en el tiempo un derribo ordenado en 1996 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta misma mañana el letrado tenía previsto presentar nuevos escritos ante el TSXG al amparo de la Ley de Protección de Derechos Fundamentales, argumentando que el ayuntamiento carecía de autorización de entrada -sí de desalojo y derribo- y que el proyecto de demolición municipal visado en 2009 no se corresponde con el autorizado por el alto tribunal, del año 2006. La diferencia entre uno y otro radica en el volumen afectado y el coste también mayor del derribo, que pasa de los 94.000 euros iniciales a los 140.000 que habrá de sufragar la propietaria, visiblemente afectada. Su marido salía ayer esposado del inmueble -fue puesto en libertad poco después sin pasar siquiera a disposición judicial- porque "no quería salir por su propia voluntad, estaba en la cama y no se quería levantar", explicó la alcaldesa.

Además del matrimonio y su hijo, también se encontraban en el interior otras 5 personas (dos señores y una pareja de origen sudamericano con un niño) que vivían en régimen de alquiler y que salieron cargando colchones y maletas ante los numerosos medios de comunicación y la expectación vecinal. Los inquilinos, en contra de lo afirmado por el abogado, aseguraron haber sido engañados por los dueños a los que el día anterior preguntaron si tenían que marcharse, según Catalina González. "Les dijeron que no, que no iba a pasar nada, utilizándolos como pretexto para que no se pudiera entrar y desalojar", asegura la regidora. Y es que los residentes, así lo confirmó Corredoira, "no fueron parte en este procedimiento y no se les notificó nada" pese a que así lo establecía el auto del TSXG. La titular, Irene Díaz, apenas acertaba a decir: "Si me cierran la casa, ¿dónde voy a ir?".

El letrado manifestó que sus "clientes no están en contra de la demolición, quieren que se haga conforme al proyecto aprobado en 2005 [que autorizó la corporación encabezada entonces por Telmo Martín y suscrito por la hoy directora de Urbanismo, Encarnación Rivas] no por el que aprobó el Ayuntamiento sin dar audiencia a la propietaria" y que deja en pie tan solo 719 metros cuadrados frente a los 1.019,21 que se contemplaban anteriormente.

Las obras, polémicas ya en su día e interrumpidas en varias ocasiones, comenzaron en 1984, en tiempos del alcalde Ramón Guisasola. Después llegarían Elisardo Balboa, José Antonio Nieto y el entonces socialista José Luis Rodríguez -presente ayer en Baltar- y precisamente quien inició el expediente en el año 94. La obra pudo ser legalizada si los propietarios hubieran querido, recordó la alcaldesa, e incluso "podría ser objeto de amnistía" por tener más de 10 años de antigüedad y estar aún en pie, lamentaba el abogado. Tras el derribo sólo se mantendrá el sótano, entreplanta y piso. Corredoira advierte de que el Ayuntamiento tendrá que rendir cuentas en los juzgados.