Vecinos de Urdaibai acusan a Inama de sus problemas de salud

Los vecinos que han denunciado la actividad de la empresa maderera Finsa Inama, ubicada en Urdaibai, acusaron ayer a la fábrica de causar afecciones a su salud y obligarles a abandonar sus casas. Un juzgado de lo Penal de Bilbao abrió ayer el juicio contra dos ex gerentes de la planta, que se enfrentan a tres años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. Un total de 19 personas que viven en las cercanías de la empresa coincidieron en calificar como "insoportable" el ruido nocturno y detallaron sus afecciones respiratorias por el humo, que vienen padeciendo, afirmaron, desde hace 15 años.

El fiscal acusa a los dos ex gerentes de que la empresa superase el límite legal de ruidos (se han llegado a medir 67,2 decibelios junto a las viviendas), de que funciones sin licencia de actividad y la existencia de focos de emisiones sin legalizar.

"Creo de verdad que no es posible la coexistencia de Inama y la salud". El testimonio de Naia Espinosa, de 25 años, resultó uno de los más emotivos. Como otros tres vecinos más, no pudo reprimir el llanto cuanto contó los problemas que padecen. Siete de ellos, pertenecientes a cuatro familias, contaron que han tenido que abandonar sus casas. "He tenido que irme porque no había manera de descansar", relató Francisco Jiménez. "Hemos llorado mucho y dependiendo de lo que salga de aquí [del juicio], nosotros nos vamos", apuntó Iñaki Markuerkiaga, quien detalló los problemas respiratorios que padece su hija pequeña. Varios siguen bajo tratamiento médico.

Los testigos censuraron el ruido -"nos impide dormir por la noche"; "es como tener un avión encima de casa"-, las vibraciones en sus casas, el humo y las partículas de serrín que caen en sus viviendas y jardínes. Los dos acusados, Adolfo Conde y José Manuel Sánchez, gerentes de la planta entre 2001 y 2008, declararon que sólo se han registrado "ligeras superaciones" de los niveles de ruido y cuestionaron los informes que figuran en la causa y las mediciones realizadas por la Ertzaintza, que sí reflejan la superación de los niveles legales.

Sánchez recalcó que la fábrica cuenta con "licencia de actividad para todo", pese a admitir que el último permiso concedido se remonta a 1973, cuando aún era una serrería. Argumentó que presentaron la documentación en 1995. "No recibimos respuesta y dimos por entendido que tenemos la licencia", indicó.