Catral reclama hasta 20.000 euros para legalizar casas en la huerta

Cuatro años después de que el Consell se hiciera cargo del urbanismo en Catral, la huerta de esta población de La Vega Baja alicantina presenta el mismo paisaje. Centenares de casas unifamiliares (1.272 viviendas) levantadas ilegalmente sin los más elementales servicios mínimos. Carecen de una trama urbana definida y siguen sin disponer de alcantarillado y de alumbrado. En el entorno sólo destaca un elemento nuevo: taquillas postales, por las que el Ayuntamiento cobra un alquiler de 50 euros al año.

Los propietarios de las casas, en su mayoría residentes ingleses, denuncian que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende repercutirles el coste de la "regularización" de viviendas, alrededor de unos 20.000 euros por dueño. Los afectados estudian presentar una demanda contra el Consistorio de Catral para exigir su responsabilidad civil subsidiaria y que los gastos corran a cargo de las arcas municipales.

Los propietarios pagaron hasta 400.000 euros por una vivienda ilegal

La proliferación de casas ilegales en la huerta de Catral motivó que el Consell interviniera el planeamiento del municipio en octubre de 2006. El ejecutivo valenciano ya ha devuelto las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, pero aún no se ha aprobado el proyecto definitivo para regularizar las casas. El caso es también objeto de una investigación judicial, que tampoco avanza.

Las quejas y malestar de los dueños de las casas ilegales de Catral están reflejadas en las actas de las reuniones periódicas que el colectivo celebra en la localidad a instancias de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), entidad que llevó el caso a los tribunales en 2004. "Los compradores hemos pagado entre 100.000 y 400.000 euros por nuestra vivienda ilegal, carente de servicios básicos y de cédula de habitabilidad. Hemos comprado muy caro, y hemos pagado todo. Nadie nos puede obligar a pagos adicionales ni de 10.000 ni 20.000 ni 30.000 euros. Pagamos impuestos como los del casco urbano, y tenemos derecho a reclamar y exigir responsabilidades y soluciones a los responsables y a su costa", recoge el acta de la reunión celebrada el pasado 17 de febrero.

Otra constante en las reuniones de los afectados es la impunidad en la que permanecen los, en su opinión, verdaderos "culpables" de ese claro ejemplo de urbanismo salvaje, es decir, los constructores y promotores; el Ayuntamiento de manera directa; y el Consell por obviar su función de supervisar la legalidad actividad urbanística en el municipio."Los verdaderos culpables de las irregularidades son las inmobiliarias que se presentaron como promotores y constructores y que nos ocultaron las informaciones esenciales para el comprador, y el Ayuntamiento y el Consell por no cumplir ni hacer cumplir la ley y la disciplina urbanística", señala el documento referido.

Entre los gastos que el Ayuntamiento pretende repercutir a los afectados, se encuentra la tasa municipal del 1% por actividad urbanística. A juicio del Honorio Fernández, presidente de AECU, está iniciativa es ilegal. "Esa tasa municipal está prevista para las construcciones levantadas en el marco de la legalidad, y no para las irregulares. El Ayuntamiento ha modificado la ordenanza para intentar cobrar ese impuesto, cuando ni tan siquiera ha sido aprobada por el Consell la revisión del nuevo PGOU ni el convenio urbanístico para la regularización de las casas", explica. "El Ayuntamiento, no puede obligar a pagar una tasa por un servicio que aún no prestado", añade.

Los afectados, en una de sus últimas reuniones celebradas en marzo, y ante la inoperancia municipal y lentitud en la instrucción del sumario acordaron acudir también a la vía de lo contencioso-administrativo. De hecho, el pasado 10 de febrero AECU presentó un escrito de queja al juzgado número 5 de Orihuela por falta de información en la que solicitan información sobre la situación actual del proceso judicial.

Y también remitieron al Ayuntamiento un escrito exigiendo una a serie de documentos sobre sus demandas. Entre éstas destacan las siguientes: listado de expedientes sancionadores abiertos a los promotores y constructores; lista de las 251 viviendas que el Consell proponía demoler, pero ahora en suspenso; o destino de las cantidades que en su día los dueños de las casas entregaron en el Ayuntamiento por agua (100 euros por vivienda). También piden una lista de las dotaciones que el Ayuntamiento pretende subsanar a fin de que los afectados puedan estimar cuales serían los costes totales y negociar el pago. Y exigen conocer las condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local para instalar "aceleradamente" unos casilleros postales pluridomiciliarios que ahora no pueden utilizar.

Por su parte, el alcalde de Catral, Aurelio Albero, del PP, rechaza de plano todas estas acusaciones de los vecinos afectados. Sobre la tasa del 1% sobre actividad urbanística el regidor asegura que es legal: "Se trata de una tasa por un servicio que estamos realizando, es decir, verificar sobre el terreno el estado urbanístico de la zona, y para ello hemos tenido que contratar a dos técnicos. El porcentaje se aplica sobre el techo construido, no más de 1.200 euros por vivienda".

En cuanto a la aportación de los dueños a la regularización de las casas, Albero subraya que no hay nada cerrado. "No hay un presupuesto elaborado, porque tampoco el concierto previo está aprobado. Y todo dependerá de la situación de cada grupo de viviendas", explica el regidor.