Gestión de renovables

Como se sabe desde hace algún tiempo, el actual modelo energético mundial está en crisis y ha de ser cambiado. Varios motivos explican la imposibilidad de que ese modelo sobreviva (tensiones que se adivinan crecientes en el precio del petróleo, tendencia a un crecimiento excesivo de la demanda energética, desequilibrios brutales entre unos países desarrollados dispuestos a controlar el consumo y unos países emergentes que son fervientes partidarios de quemar cualquier combustible, por ineficiente que resulte, a cambio de un punto más de crecimiento del PIB). Pero la razón que más se esgrime es el cambio climático. Dicho de forma resumida, el modo de consumo energético actual, basado en los combustibles fósiles, destruye el equilibrio climático, constituye una amenaza (a largo plazo) para la vida en el planeta y puede tener un coste económico oneroso, en forma de envilecimiento del nivel de vida, destrucción de especies o hundimiento de algunos mercados. Si se acepta esta premisa, la conclusión es que debe caer el consumo de petróleo (y sus derivados) y carbón y aumentar, en cambio, las llamadas energías renovables.

El problema es que un cambio de modelo tan drástico como acrecentar la participación de energías renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar) tiene elevados costes económicos y exige adoptar medidas impopulares. Las energías renovables (en particular la eólica) tiene una gestión difícil; el viento no siempre sopla cuando más electricidad se necesita, ni en consonancia con las distribuciones diarias de consumo; de forma que la producción eléctrica renovable exige el respaldo de producción eléctrica no renovable (ciclos combinados, fuel, nuclear) que es costosa y está condicionada a factores del mercado. Como muestra de lo difícil que es gestionar un mercado eléctrico con demasiadas restricciones, adviértase que el descenso en el consumo eléctrico ha ocasionado un hundimiento de la producción por ciclos combinados. Sobra en el mercado español un 30% de gas, y ello supone un gravísimo quebranto para las empresas.

El Gobierno español se ha propuesto que las energías renovables suministren el 22,7% de la energía final en 2020 (en 2008 aportaron el 10,5%). Para encajar esa producción (es decir, para que no se produzcan apagones o vertidos de energía), la primera decisión obligada es económica: las primas a la producción tienen que reducirse para eludir el riesgo de formar una burbuja en el mercado energético. Que el riesgo de una burbuja existe lo demuestra la caída de las empresas eléctricas en Bolsa en cuanto el Gobierno sugirió que se reducirían las primas. Otro paso imprescindible: aprobar e instalar una nueva línea de interconexión con Francia. Por los precedentes sabidos, no es fácil; los ayuntamientos y autonomías quieren tener luz, pero rechazan las torres de alta tensión. Y, sin que esto agote los cambios profundos en la gestión del mercado que imponen las renovables, parece imperativo reorientar el consumo diario para que aumente la demanda en horas nocturnas. Para eso son necesarios y urgentes los contadores con discriminación horaria.

La economía verde requiere gestión política; no basta con enunciar deseos. En España, esa habilidad de gestión es muy dudosa. Cualquier inversor desconfiaría de un Gobierno que proclama la revolución renovable y a continuación obliga a consumir carbón.