Política de bloqueo

El ministro de Educación presentó anteayer un documento que recoge su propuesta de pacto por la educación, tras haber recabado la opinión del sector educativo, partidos políticos y autoridades autonómicas. La necesidad de ese pacto ha sido reconocida, con mayor o menor entusiasmo, por cuantos tienen alguna responsabilidad en este campo. Son evidentes los fallos graves en nuestro sistema, puestos de manifiesto de forma consistente por expertos e instituciones, y la importancia de la educación para el futuro de nuestra economía.

También es obvio que la práctica de cambiar continuamente las normas que rigen en la escuela por motivos que tienen en cuenta menos el interés general que el de las distintas opciones políticas es nociva. Todo ello justifica el esfuerzo de ponerse de acuerdo sobre algunos elementos que sean básicos en la mejora de nuestra educación.

La respuesta de los agentes sociales y de la comunidad educativa ha sido positiva porque ven que las 148 acciones específicas presentadas por el ministro, junto con la memoria económica que las acompaña, va en la dirección de mejorar la eficacia del sistema. Es decir, parece posible un pacto de carácter social, pero no es suficiente. Es preciso un pacto entre las fuerzas políticas que asegure la continuidad de la orientación tomada más allá de los límites entre legislaturas.

Lo cierto es que, tras las primeras reacciones de los partidos políticos, en particular de distintos responsables del PP, no estamos ahora más cerca de este tipo de pacto de lo que lo estábamos hace un año. Razones del tipo de "insuficiencia", "ambigüedad", "indefinición" u otras similares no pueden ser aceptadas; basta con hacer propuestas que completen o concreten los textos presentados. Como tampoco parecen convincentes las razones para el disenso basadas en contenidos simbólicos o ideológicos, como las relacionadas con la Educación para la Ciudadanía o el tratamiento de las lenguas propias de algunas comunidades autónomas, que tienen muy poco que ver con las deficiencias registradas en el nivel de conocimientos y capacidades de nuestros escolares.

Lo que puede ocurrir es que, a estas alturas de legislatura y con una situación de confrontación generalizada entre las dos principales fuerzas políticas del país, prime el deseo de impedir cualquier éxito del Gobierno, aunque ello redunde en un grave perjuicio de la sociedad en su conjunto. Focalizar la discusión en los puntos de discrepancia ideológica más irreductibles movilizan a los más incondicionales, pero tienen poco que ver con la raíz de los problemas. Es una política que exagera las diferencias o bloquea las iniciativas del contrario.

Sin embargo, la sociedad es consciente de la importancia de la educación y valoraría el esfuerzo hecho por todos, Gobierno y oposición, para colaborar en la mejora de un sector maltrecho.