Otro juzgado constata irregularidades en Elsur

Las subcontratas de la trama corrupta de El Ejido (Almería) tenían unos beneficios económicos "sólo explicables" si no se dedicaban a la actividad para la que eran contratadas por la sociedad para la prestación de servicios municipales Elsur, situada en el epicentro del caso Poniente. Las irregularidades que presuntamente se cometieron desde el entramado empresarial organizado para desviar fondos del Ayuntamiento de El Ejido se perfilaron ya en los 10.000 folios de sumario liberados de secreto. Ahora las ha advertido también el Juzgado de lo Social número 2 de Almería.

En una sentencia en la que su titular reconoce que existió una cesión ilegal de trabajadores entre Elsur y dos de las subcontratas controladas por uno de los cabecillas de la trama, el empresario sevillano José Amate, el juez aprecia un marcado "desfase" entre los ingresos y los gastos de sendas firmas.

Sus resultados, ahonda, "indican con claridad un enorme desfase entre gastos e ingresos" y unos beneficios superiores en un 80% al volumen de negocio. Esto sólo se explicaría "si se tratara realmente de empresas no dedicadas a la actividad para la que fueron contratadas", concluye el magistrado tras el estudio de un acta de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

"Trucos"

De su resolución se desprende además que las dos mercantiles subcontratadas por Elsur pertenecían a un grupo empresarial más extenso controlado por la familia Amate Ávila. Siete de sus miembros fueron detenidos por su presunta implicación en la trama. Desde 2001, sobre este grupo de empresas instrumentales recaían contratos de Elsur, sociedad en la que estuvo al frente hasta finales de 2006 como director de producción el patriarca de la familia, José Amate Rueda. En las escuchas policiales liberadas del secreto, este ex ejecutivo de Abengoa, de la que es filial Agua y Gestión, que cuenta con el 70% de las acciones de Elsur, se jacta de los "trucos" que urdió con los años para inflar facturas y, así, enriquecerse a costa del Consistorio.

Esta sentencia, contra la que cabe recurso, plasma alguna de estas artimañas, al incorporar parte de los testimonios de los empleados afectados, que insistieron en que los partes de trabajo "no se correspondían con la realidad".

Amate acumula más de medio año en prisión incondicional, al igual que Enciso, Alemán y el empresario Juan Antonio Galán.