Villar Mir pierde la batalla judicial contra el AVE por la mina de Serrabal

Juan Miguel Villar Mir ha perdido en los tribunales la batalla que emprendió contra las expropiaciones en la mina de Serrabal para dar paso a las obras del AVE en su tramo entre Lalín y Santiago, un frente en el que los trabajadores de sus empresas fueron parte activa, al impedir la entrada de los antidisturbios y de los técnicos de Fomento a las instalaciones, en el verano de 2008. El Tribunal Supremo ha decidido desestimar el recurso presentado por el equipo jurídico del empresario contra las actas previas de ocupación, el primer trámite del proceso para expropiar los terrenos, por entender que la decisión tomada en su día por la Dirección General de Ferrocarriles se ajusta a derecho.

El empresario llegó a pedir 985 millones por la ocupación de la mina de cuarcita

Los trabajadores trataron de impedir la ocupación de las instalaciones

En una sentencia firmada el pasado mes de marzo, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Rocas, Arcillas y Minerales (Ramsa), la firma que explota la mina de Serrabal, contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de junio de 2008. El tribunal gallego ya declaró legal la actuación del procedimiento administrativo de ocupación de los terrenos y desestimó un recurso contencioso presentado por Villar Mir contra los inicios de los trámites de expropiación, que en este caso se habían fijado por la vía de urgencia. La decisión del TSXG, ahora validada por el Supremo, se había tomado justo un mes antes de que el propio comité de empresa acordase defender la cantera con piedras y hogueras ante la llegada de los topógrafos del ministerio, escoltados por la Guardia Civil, para iniciar los trabajos de levantamiento de actas, una vez declarada la utilidad pública de los terrenos.

El ex ministro franquista, propietario de Ramsa, de la construcotra OHL y de compañías como Ferroatlántica, alegó en sus recursos, tanto ante el alto tribunal gallego como ante el Supremo, la indefensión de la empresa ante la actuación administrativa de Fomento y solicitó inicialmente la suspensión del procedimiento a través de un recurso de alzada. En los fundamentos de derecho, el Supremo recuerda que Villar Mir impugnó diversas actuaciones de la Administración relacionadas con la expropiación de fincas y derechos con motivo de la construcción del eje ferroviario del Noroeste a su paso por la mina Serrabal. Además de recurrir en su momento el trazado, dice la sentencia, "ha combatido las resoluciones del Ministerio de Fomento por las que se seguía el procedimiento expropiatorio y, entre ellas, el acuerdo de 31 de agosto de 2007 por el que se citaba a Ramsa al levantamiento de las actas previas a la ocupación de terrenos en los municipios de Vedra, Boqueixón Silleda y A Estrada, lo que, sin embargo, no pudo llevarse a cabo".

El Supremo da la razón también a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, personada en la causa judicial, por entender que no se ha impedido a Ramsa el acceso al proceso, uno de los puntos que alegaba." "Al contrario", dice el alto tribunal, "ha podido plantear sus argumentos y solicitar la suspensión de la actuación administrativa; por tanto, ha accedido a la tutela judicial efectiva tanto de fondo como cautelar, de manera que no puede aducir indefensión". La decisión de la sala, sobre la que no cabe recurso, impone costas para la compañía, en este caso, por los honorarios del abogado, que ascienden a 3.000 euros.

Las actas previas de ocupación de la mina supusieron el inicio de las expropiaciones, proceso que en paralelo activaba el expediente administrativo para fijar un justiprecio. Alegando el incalculable valor de la mina de cuarcita, Villar Mir llegó a plantear en concepto de indemnización una reclamación inicial de 985 millones de euros, que luego rebajó a 270 millones, lo que dio lugar a una batalla política que también ha tenido su vertiente judicial, ahora definitivamente clausurada.